El plan oculto de Junqueras: recortar, más impuestos y controlar a la población

Los documentos incautados por la Guardia Civil en el despacho del secretario de Hacienda catalán, Lluís Salvadó, uno de los hombres de confianza del vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, el pasado 20 de septiembre, cuando se produjo su detención y la de otros trece cargos de la Generalitat encargados de organizar el referéndum del 1 de octubre ponen los pelos de punta.

En los documentos queda claro el plan oculto de Junqueras tras declarar la independencia. En principio no le parecía muy factible una reacción dura del Estado (de ahí el estado de shock de verse en prisión), pero sí preveían la posible intervención de la Comunidad. En este caso, los documentos detallan que había que prepararse para las situaciones de guerra o de guerrilla.

En un documento manuscrito que envió Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, a Lluís Salvadó y que fue encontrado en el despacho de este último se contemplaba que la intervención podía ser contra los máximos responsables de las instituciones catalanas pero sin suspensión total o parcial de las competencias del Gobierno catalán, aunque cortando la financiación del FLA.

El plan económico, del que no han hablado los independentistas, es más que doloroso. La Generalitat de Cataluña tenía prevista la creación de 14 estructuras de Estado para la nueva República y entre ellas estaba, además de la Hacienda propia, un Ministerio del Interior, el Poder Judicial, un Banco Central, una Comisión del Mercado de Valores y hasta contemplaba la posibilidad de un Ministerio de Defensa. 

El plan incluye recortes de gastos, retrasar el pago a los proveedores, cobrar impuestos a todas las empresas, emitir bonos patrióticos y no pagar al Estado. Además, querían controlar los aeropuertos, los puertos, las centrales nucleares y gestionar las aduanas.

Preveían pues un plan de ajuste del gasto del Gobierno catalán y la activación de medidas alternativas de financiación como bonos patrióticos o acudir al mercado internacional. Admitían que la actuación de la Generalitat se sustentaría en la capacidad de sostener su tesorería hasta diciembre y fijaban el punto crítico en julio de 2018.

En otro documento titulado "Actuaciones y medidas en el escenario del dos de octubre", exponían que "el éxito tendrá mucho que ver con la capacidad real de ejercer un control efectivo sobre el territorio de Cataluña" y sobre "los comportamientos de los ciudadanos y las instituciones".

En este caso, consideran básico controlar las "infraestructuras críticas" como el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, las centrales nucleares o la gestión de las aduanas "entre otros elementos que no sólo impactan sobre la viabilidad del despliegue de la nueva República, sino que también lo hacen sobre la estabilidad y la viabilidad del Estado español".

Precisamente esto último es lo que querían poner sobre el tablero de para forzar una negociación con el Gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, avisaban de que la "falta de colaboración/cooperación entre ambos actores puede generar una cadena de serios problemas en este ámbito con potencial contagio del resto del sistema económico y financiero europeo e internacional".

Salvadó estaba preparando escenarios de gestión presupuestaria y de tesorería para una situación de independencia. Para ello, identificó 14 posibles estructuras de Estado, a las que tendría que dotar de Presupuesto. Estos documentos están incluidos en la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

La relación de estructuras de Estado que el secretario de Hacienda estaba contemplando es la siguiente: Hacienda catalana; Agencia catalana de Protección Social; Poder Judicial; Ministerio del Interior; Política Monetaria, que incluía Banco Central y Supervisor del Sistema Financiero; Comisión Nacional del Mercado de Valores; Comisión Nacional de la Competencia.

También incluía: otros organismos y estructuras exigidos por la Unión Europea; Controles de los servicios de Transporte Aéreo, Marítimo, Ferroviario y Carretera; Abastecimiento de Agua y Energía; Telecomunicaciones; Correos; Servicios de emergencia y Defensa, aunque en este último caso, el epígrafe aparece con interrogantes.

El responsable de Hacienda en Cataluña había previsto incluso cómo lograr los datos tributarios, ya que la Guardia Civil halló en su casa un dossier con la inscripción "Informe sobre la obtención de datos con trascendencia tributaria", así como el plan de "despliegue" del proyecto de la Hacienda catalana, un informe sobre la estructura organizativa de la misma y otro sobre el "catastro de Cataluña en el momento de la desconexión".

Salvadó incluso había hecho un esquema con los asuntos que se tendrían que tratar de cara a una hipotética negociación con el Gobierno para la independencia, que incluía la distribución de "activos y pasivos" e iban desde la incorporación de personal --para lo que contaba con un borrador de decreto para transferir funcionarios del Estado a la Administración catalana--, a las infraestructuras y el reparto de la deuda hasta los recursos hidrográficos o la transmisión de datos, registros y censos.

Los independentistas contemplaban medidas más duras para el caso de que se produjera el "escenario de guerra", en el que preveían que el TC iría contra los máximos responsables de las instituciones catalanas y el Gobierno asumiría el control de la autonomía, cortara el FLA y garantizara el pago de mínimos del personal.