Redacción de Economía, 30 sep.- El próximo viernes 5 de octubre finaliza el nuevo plazo fijado por la Generalitat de Cataluña para que los grupos interesados en la privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) -la principal compañía abastecedora de agua del área metropolitana de Barcelona-, presenten sus ofertas.
Según indicaron a EFE fuentes del Departamento catalán de Territorio, la operación implica un desembolso inicial de 300 millones de euros, al que se añadirían otros 700 millones durante el plazo de 50 años que se prevé que dure la concesión.
Por el momento, y según las mismas fuentes, son varias las compañías que están estudiando los pliegos de privatización de ATLL, como Aguas de Barcelona (Agbar), Acciona, FCC o Ferrovial, señalaron fuentes cercanas al proceso.
En un principio, y antes de las últimas modificaciones, la Generalitat pretendía captar una cantidad inicial de 400 millones de euros y otros 600 millones durante el periodo que durase la concesión de la compañía, que ha multiplicado por siete su deuda desde 2005 hasta situarla en unos 663 millones de euros.
En este contexto, la Generalitat se ha visto obligada a ampliar el plazo de presentación de ofertas, que estaba previsto que se cerrase el pasado 28 de septiembre, a fin de que las empresas interesadas tuviesen más tiempo para ajustar la financiación.
La ampliación del plazo, persigue, por tanto, que el concurso no quede desierto debido a las dificultades económicas y que pueda firmarse antes de fin de año.
Los nuevos pliegos de la privatización salieron el pasado mes de agosto y a partir de ahí se abrió un periodo de 52 días para su publicación una vez que saliesen en el registro correspondiente de la Unión Europea (UE).
El pliego de condiciones establecía además que la empresa que obtuviese la concesión subrogase a la totalidad de la plantilla, integrada por 230 trabajadores aproximadamente.
Recientemente, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, reconoció que el proceso de privatización de ATLL se realiza "con dolor", pero que es necesario para cuadrar las cuentas públicas de la Generalitat de Cataluña, que ha ingresado hasta ahora el 7,8 % de los 888 millones que tenía previsto captar en privatizaciones.
La situación financiera que atraviesan las empresas de gestión de agua en Cataluña ha obligado a incrementar las tarifas de suministro, un 70 % en el caso de ATLL -que presta servicio a 4,5 millones de ciudadanos-, lo que ha generado un fuerte rechazo social.
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