Madrid, 10 ene.- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respaldado el nombramiento de Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, al estimar que reúne los méritos y requisitos legales exigidos para ocupar dicho cargo, ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
El acuerdo ha sido adoptado por unanimidad por los vocales del CGPJ en un pleno extraordinario, en el que el único punto en el orden del día era informar sobre la decisión del Gobierno, que en el Consejo de Ministros del pasado 30 de diciembre acordó proponer a Torres-Dulce, hasta ahora fiscal de Sala del Tribunal Supremo, para sustituir a Cándido Conde-Pumpido en el puesto de fiscal general.
Tras analizar la trayectoria profesional del candidato propuesto por el Ejecutivo, el Poder Judicial ha acordado informar a favor del nombramiento de Torres Dulce, ya que, además de reunir los requisitos legales exigidos, por su condición de jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio efectivo de su profesión, considera que "acredita méritos sobrados para el desempeño del cargo".
Entre ellos, el Pleno ha señalado su dilatada experiencia en el ejercicio de la carrera fiscal o la solidez jurídica que ha demostrado en sus publicaciones e intervenciones, lo que a su juicio conforma "un perfil que conduce al CGPJ a la clara afirmación de su idoneidad para acceder a la responsabilidad para la que ha sido propuesto".
Con este trámite se cumple lo establecido en el artículo 124.4 de la Constitución, que determina que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ, así como en el artículo 29 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que el Poder Judicial debe emitir un informe sobre el candidato, que es preceptivo, pero no vinculante.
Recibido este informe del Consejo, el Gobierno tiene que comunicar su propuesta al Congreso de los Diputados, donde el futuro fiscal general deberá comparecer ante la Comisión de Justicia para que los diputados puedan valorar también sus méritos e idoneidad.
Una vez que comparezca en la Cámara Baja, y ya nombrado por el Gobierno, el fiscal general prestará juramento o promesa ante el Rey y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo.
Torres-Dulce, de 61 años, tras licenciarse en Derecho, ingresó por oposición en la Escuela Judicial en 1975 y optó por la carrera fiscal, ejerciendo en Sevilla, Guadalajara y Madrid.
En noviembre de 1985, fue destinado fiscal en el Tribunal Constitucional, cargo que desempeñó hasta octubre de 1996, cuando fue nombrado fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.
En febrero de 2000, fue elegido vocal del Consejo Fiscal, por la candidatura de la Asociación de Fiscales, a la que pertenece desde 1980 y de cuya junta directiva fue vocal entre 1989 y 1991.
En marzo del 2000, fue designado Fiscal de Sala del Tribunal Supremo.
El 7 de junio de 2005, tras la reunión del Consejo Fiscal, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidió relevarle como fiscal jefe de lo Penal del Supremo por las discrepancias que mantenía con él y por "pérdida de confianza", aunque mantuvo la categoría de fiscal de Sala.
Este hecho fue criticado por algunos sectores como la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quienes denunciaron el "encubierto sectarismo" del fiscal general.
Ha sido elegido dos veces miembro del Consejo Fiscal, la última el 17 de diciembre de 2009, cuando fue el candidato más votado en representación de la Asociación de Fiscales. EFE
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(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Código 5215247 y otros)
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