Madrid, 29 nov.- El Portal de la Transparencia en el que los ciudadanos podrán acceder con un clic de su ratón a toda la información del país incluirá un "inventario de bienes de la administración", ha anunciado hoy el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón.
La petición la ha realizado el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, y el secretario de Estado le ha contestado que "puede ser un aportación importante en la fase de enmiendas" del proyecto de Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso.
En la inauguración de una jornada sobre la relación entre la empresa, la política y los medios, los organizadores han reclamado también que la Ley de Transparencia incluya una "regulación sobre la actividad de los lobbies".
El secretario de Estado ha recordado que, en virtud de esta ley, todas las administraciones tendrán automáticamente la obligación de publicar en el Portal de la Transparencia "toda" la información institucional, de organización y planificación, y de relevancia económica, jurídica y presupuestaria de la que disponga.
Ayllón ha dicho que quiere que España sea un país blindado contra la opacidad y el mal gobierno, donde "nunca más un político se pueda encontrar un cajón lleno de facturas y donde no se puedan esconder puntos de déficit debajo de la alfombra de un despacho del Gobierno".
También ha hecho hincapié en que la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno es un ley "ambiciosa", que "debe ser mejorada desde el acuerdo y consenso en el Congreso y Senado" y ha asegurado que espera que se convierta en una ley de "referencia internacional" y en la "mejor que se pueda tener en el mucho occidental".
Desde el pasado septiembre, el texto se encuentra en fase de enmiendas en el Congreso, donde se ha abierto un plazo de comparecencias de expertos.
Esta ley se enmarca dentro de un proceso de "regeneración democrática" que lidera la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, y que se ha convertido en una "obsesión personal" para ella, según Ayllón.
Durante casi un año se han añadido aportaciones al texto de la sociedad civil, de la Agencia de Protección de Datos y del Consejo de Estado.
Además de la "transparencia proactiva" del Portal de la Transparencia, la ley recoge garantías de acceso a la información de la administraciones para cualquier ciudadano que la pida, por lo que todos los departamentos tendrá "células de información lo más ágiles y rápidas posibles para facilitar esa información a los ciudadanos".
Respecto a las normas del buen gobierno, el proyecto incluye un régimen sancionador que va desde la destitución de los cargos públicos a la no percepción de pensiones indemnizatorias, la obligación de restituir las cantidades indebidamente percibidas y la obligación de indemnizar a la Hacienda pública.
Incluye la posibilidad de que los que han sido sancionados por infracciones graves o muy graves no puedan ser nombrados para ocupar un cargo público durante un periodo entre 5 y 10 años.
Asimismo se ha incluido un régimen de prescripción propio de las infracciones y sanciones previstas que amplía el régimen general por la gravedad de los hechos.
Ayllón ha destacado que en una modificación del Código Penal también se han incluido penas de prisión en los casos más graves para los responsables públicos que no cumplan correctamente con sus funciones en lo que tiene que ver con gestión económica.
En su intervención se ha referido además a la puesta en marcha del Plan Nacional de Calidad y Simplificación Normativa, que permitirá tener "menos pero mejores leyes".
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