Madrid/León, 3 nov.- Los seis concejales del PP del municipio leonés de Cuadros, del que es alcalde Marcos Martínez, en prisión incondicional por la operación Púnica, han arropado sin fisuras a su primer edil y han rechazado apoyar la moción de censura propuesta por el PP de la región, que les han expulsado del partido.
El PP se ha encontrado así con un escollo en su objetivo de apartar a cualquier cargo público implicado en esta trama de corrupción, aunque sí ha conseguido la dimisión de otro de los imputados, el alcalde de Collado-Villalba (Madrid), Agustín Juárez.
Si se mantiene el apoyo de los concejales díscolos, que todavía conservan la mayoría absoluta en el consistorio leonés, Marcos Martínez seguirá siendo alcalde de Cuadros mientras no sea inhabilitado por la Justicia.
Por contra, el PP sí podrá destituir a Martínez como presidente de la Diputación de León, institución en la que sustituyó a Isabel Carrasco, asesinada el pasado mes de mayo.
El PSOE considera "inadmisible" que Martínez se mantenga como alcalde desde la cárcel y cree que la expulsión del PP de los seis concejales de Cuadros no tendrá efectos prácticos porque los vecinos del municipio tendrán que seguir enfrentándose a la "vergüenza nacional" por la que están pasando desde que se inició la operación Púnica hace una semana.
Además, el Grupo Socialista en la Diputación de León ha denunciado esta tarde que el PP "está tan salpicado por la corrupción" que no confía en ninguno de los diputados de este partido de la era Isabel Carrasco y Marcos Martínez Barazón para presidir la institución.
Entretanto, el alcalde de Serranillos del Valle (Madrid), Antonio Sánchez Fernández, ha presentado su dimisión, según fuentes municipales, horas después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hayan impedido que el ya exalcalde se llevara documentación de su despacho en el Ayuntamiento.
Sánchez Fernández fue sorprendido "in fraganti" por un funcionario del consistorio llenando cajas.
Sin abandonar Madrid, el PP de la región ha iniciado las gestiones para conseguir que el alcalde de Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz, en libertad con cargos, abandone el puesto, al igual que ya ha hecho el primer edil de Collado Villalba, Agustín Juárez, que ha anunciado que deja la política municipal aunque se declara "absolutamente inocente".
Juárez, que abandona la alcaldía y deja toda actividad política, ha asegurado no haberse sentido presionado por el partido para marcharse y ha dicho confiar plenamente en la Justicia para que esclarezca los hechos y se demuestre su inocencia.
Tras conocerse la dimisión de Juárez, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la ha considerado una "buena decisión" y ha aplaudido que el partido no haya tenido que seguir adelante con la moción de censura ante la marcha voluntaria del alcalde.
Desde la dirección nacional del partido, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, ha subrayado hoy la "contundencia" con la que el PP, ha dicho, ha actuado ante sus implicados en casos de corrupción.
Eso sí, la número dos de los populares ha pedido diferenciar entre unos casos de corrupción y otros cuando se le ha preguntado por la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo -implicada en dos casos de corrupción urbanística-, y ha señalado que no es lo mismo estar en prisión que imputado.
"La presunción de inocencia no es la misma en un caso que en otro. No todos los casos se pueden tratar igual", ha señalado Cospedal, quien por otro lado ha denunciado que haya quienes quieran dar la imagen de que en España todos los organismos o entidades son corruptas y que vivimos en una "mafia".
Mientras tanto, los partidos siguen haciendo sus propuestas para acabar con la lacra de la corrupción.
Si la semana pasada eran el PP y el PSOE los que ponían sobre la mesa por separado algunas de sus medidas en el Congreso, hoy era el coordinador federal de IU.
Cayo Lara ha anunciado un programa integral de regeneración democrática que incluye 45 medidas para que, por ejemplo, los delitos de corrupción "no tengan fecha de prescripción" y se impida que los cargos electos imputados sigan en sus puestos.
Restringir drásticamente el aforamiento, limitar los gastos de las campañas electorales y prohibir las donaciones a partidos son otras iniciativas que IU urge a poner en marcha para acabar con la corrupción que ha llevado al "saqueo del país", según ha dicho, y a la indignación de los ciudadanos. EFE
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