Las palabras de Montoro en una entrevista en el diario El Mundo señalando que ni un euro de dinero público se usó para el 1-O no solo han provocado un profundo malestar en la cúpula judicial. Se han convertido en un terremoto político y un peligroso boomerang para su persona. Las reacciones no se han hecho esperar, porque sus palabras se han convertido en un capote para los independentistas acusados por malversación. El PP ha salido raudo en defensa del ministro y de sus tesis, es decir, que ni un euro público se usó para el 1-O.
El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando es el que lo ha hecho con más vehemencia recordando que "fue el primero que denunció a los independentistas por malversación de fondos públicos. Esto que no se cuenta es muy importante que lo sepamos". No ha desperdiciado la ocasión para recordar a Cs que no olvide que "el adversario son los independentistas" con los que prometió que "no habría indultos".
El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, también ha salido a la palestra para dejar constancia de que "formalmente" no consta que el Govern destinara dinero público al referéndum ilegal, pero sin dejar caer que hay muchas formas de malversar porque "de algún sitio ha salido" el dinero con el que se cubrieron los costes. En una entrevista que hoy publica La Vanguardia, Enric Millo se refiere así al hecho de que el juez del Supremo Pablo Llarena, que investiga a los líderes del 'procés', haya pedido que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, aclare en qué se basa para asegurar que el Govern no destinó dinero público al 1-O.
Según Millo, cuando Montoro hace esa afirmación "no habla de la causa judicial", sino que lo que dice es que "desde que él controla las finanzas de la Generalitat los recursos públicos están justificados en documentos oficiales conforme al presupuesto"."Y, formalmente, no hay dinero dedicado a una ilegalidad como el referéndum", sostiene el delegado del Gobierno, que cree que "hay muchas maneras de malversar. Por ejemplo, se puede hacer una factura para comprar ordenadores y haber comprado las urnas, o falsificar una factura", añade.
En ese sentido, Enric Millo afirma que "si Hacienda tiene un documento firmado por el interventor de la Generalitat que dice que el dinero se ha gastado en aquello que estaba previsto, el ministro se tiene que fiar". El delegado del Gobierno se muestra convencido de que "si en la contabilidad oficial no salen los gastos, de algún sitio han salido", y sostiene que "eso es lo que se tiene que investigar", aunque el Ministerio de Hacienda "no está para hacer investigaciones policiales ni judiciales".
Respecto a la posibilidad de que se actúe contra el Parlament por malversación si se querella contra el juez Llarena, Millo señala que el Gobierno está a la espera, "a ver si la Mesa reconsidera la decisión y rectifica", para evitar así "que nos veamos obligados a mantener la judicialización de la política". En la entrevista, el delegado del Gobierno acusa al expresidente catalán Carles Puigdemont de buscar "mantener la situación bloqueada, el conflicto y la inestabilidad, que perjudica al conjunto de los catalanes para internacionalizar el conflicto", y le avisa de que "el Gobierno español puede seguir con el 155 el tiempo que haga falta".
Ha hablado también de las palabras de Montoro el ministro de Justicia, Rafael Catalá que ha asegurado que el ministro de Hacienda dará "explicaciones pormenorizadas" al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el dinero del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña.
Catalá ha señalado en 'La Razón' que el Ministerio de Hacienda tiene un mecanismo de control riguroso de las cuentas y la tesorería de la Generalitat y cree que Montoro se refería a eso cuando aseguró que no se había gastado dinero público en la organización del 1-O, porque "ese sistema está garantizando que no se desvíen fondos".
"Otra cosa es -añade- si antes de que el Ministerio de Hacienda pusiera ese sistema se han podido desviar fondos de manera ilícita y es lo que investiga un juez".
El titular de Justicia confiesa además en la entrevista que sintió "frustración" cuando las autoridades alemanas denegaron la extradición a España del expresidente catalán Carles Puigdemont. "No lo entendí", señala Catalá, que, no obstante, espera que Alemania atienda finalmente a los requerimientos del Tribunal Supremo y le entregue. Se muestra convencido de que la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha servido para restablecer la normalidad democrática y advierte de que con "dianas" los jueces no van a cambiar de criterio.
"Quienes creen que amenazando, coaccionando, haciendo escraches o pintadas en las viviendas de los jueces van a cambiar de criterio, se equivocan, no van a torcer el brazo de poder judicial independiente que tenemos", asegura.
No se ha mordido la lengua tampoco José Manuel García Margallo, que en una entrevista en Elindependiente.com ha confesado no entender las palabras de Montoro y apunta a Soraya Sáenz de Santamaría:" Es muy difícil de entender. La abogacía del Estado sostiene la malversación y el señor Montoro dice que no se ha usado dinero público, luego no habría malversación. No logro entender cómo se ha producido esto sobre todo porque cuando se formó este Gobierno salimos los ministros que teníamos ideas propias. El plan era coordinar y centralizar en la vicepresidencia toda la actuación del Ejecutivo. Si ya has coordinado y centralizado, que te ocurra una cosa de este tipo, es más que sorprendente. Tengo la mejor opinión de Catalá, no sé lo que habrá podido intervenir en estas decisiones", confiesa. Respecto a Montoro deja claro que "parece evidente que ha dado argumentos a la defensa de los independentistas". El incendio parece lejos de apagarse.
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