“¿Va usted a dimitir si condenan al PSOE en los ERE?”, lanzó ayer en su duro discurso el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, a Pedro Sánchez en el debate de la moción de censura que lo convirtió ayer en presidente del Gobierno. “Cuando lleguen los ERE, ¿se pondrán una moción de censura? ¿Son ustedes Santa Teresa de Calcuta?”, le lanzó la víspera el propio Mariano Rajoy al entonces todavía candidato. Fueron dos discursos muy duros, irónicos y, a veces, incluso desafiantes en los que ambos intervinientes no dudaron a recurrir al mismo argumento, el ‘y tú más’ en una moción justificada por la durísima sentencia del caso Gürtel.
Pero más allá de lo acertado de ambas intervenciones, en gran parte de la sociedad ha calado ese mensaje. “PP o PSOE da igual. Todos son todos iguales: el PP tiene a Correa, pero el PSOE repartió millones a mansalva en despidos colectivos”, es un análisis de lo más común. Y sí, el caso ERE, cuya pieza política se juzga desde diciembre en la Audiencia de Sevilla es relevante y grave. En el banquillo se sientan dos expresidentes de la Junta de Andalucía -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- y seis de sus exconsejeros , además de otros 14 antiguos altos cargos de la comunidad andaluza. Según Anticorrupción todos ellos habrían diseñado un sistema para evitar el control de la Intervención y repartir 741 millones de euros a empresas afines al PSOE entre 2001 y 2010.
Sin embargo, las diferencias entre ambos casos son importantes. En primer lugar por su ámbito territorial. Mientras que la trama de los ERE se circunscribió estrictamente a las ocho provincias andaluzas, la de Gürtel afectó directamente al corazón del PP y llegó a tocar hasta el primer y segundo escalón de la organización. Tanto el presidente, Mariano Rajoy, como varios secretarios generales y otros dirigentes llegaron supuestamente a cobrar sobresueldos opacos a Hacienda y pagados con la caja B del partido, cargada de donaciones finalistas a cambio de de obra pública. Además, el caso del PP tuvo ramificaciones en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.
La gravedad de los delitos de Gürtel
ERE y Gürtel también se distinguen en cuanto a la nómina y gravedad de los delitos imputados. En el caso del juicio a dirigentes y cargos del PSOE andaluz, el fiscal señala por prevaricación a todos los acusados, un delito no castigado con cárcel, sino con inhabilitación. El segundo delito que achaca a 18 de los 26 encausados -entre ellos a Griñán- es malversación de caudales públicos, por el que solicita penas de entre 6 y 8 años de prisión. Esos son los límites a los que podrá llegar la Audiencia de Sevilla en caso de que emita un veredicto de culpabilidad contra ellos, algo que todavía no ha ocurrido.
En el caso que afecta al PP el catálogo de infracciones es mucho mayor. La sentencia conocida la pasada semana y que originó la moción de censura aprecia asociación ilícita, fraude a la administración, cohecho, falsedad de documento mercantil, malversación de caudales públicos, prevaricación, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, tráfico de influencias, apropiación indebida… Se trata de delitos que explican que los condenados actuaron buscando su propio lucro y el del partido, y cuya acumulación generó enormes sanciones, como los 51 años de Correa, los 38 de Guillermo Ortega, los 37 de Pablo Crespo, los 33 del exterorero del partido Luis Bárcenas…
Últimas testificales en contra
Más allá de la equivalencia que el PP haya tratado de establecer entre ambos casos, lo cierto es que las últimas testificales del caso de los ERE no han sido muy favorables para Chaves, Griñán y el resto de acusados. El pasado 2 de mayo, uno de los sargentos de la Guardia Civil a cargo de la investigación aseguró ante el tribunal que las ayudas a las empresas en los ERE eran “opacas” y se concedían por “vecindad, amistad o afinidad política”, entre ellos, exalcaldes del PSOE. “No había solicitud formal de ayuda, ni memoria, ni certificado de obra, ni proyecto, no hay ningún tipo de documentación”, dijo. Solo el convenio firmado por los acusados de la Junta.
El mismo jueves, cuando comenzó en el Congreso el debate de la moción de censura, en la Audiencia de Sevilla declaró una exasesora de la Dirección General de Trabajo andaluza que aseguró ante la Sala que Chaves y Griñán tenían “flujo y circuito de información continua” sobre las ayudas a los ERE concedidas por la Consejería de Empleo de la Junta. Ese flujo, según la testigo, permitía a ambos presidentes conocer “las ayudas que se daban, para qué se daban y las acciones del Gobierno [de la Junta] en un territorio o a qué colectivos se daban”.
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