El PP ha intensificado su presión contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ha exigido su cese por su posición en la defensa del juez Pablo Llarena, un asunto por el que pedirá su reprobación en el Congreso y en el Senado, cámara en la que tiene el éxito garantizado gracias a su mayoría absoluta.
El endurecimiento de las críticas del PP, protagonizado por su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reafirmado que el Ejecutivo asumirá la defensa de Llarena ante la demanda civil presentada en Bruselas contra él por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.
Sánchez ha dejado claro que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino de Estado, de modo que el Gobierno desde "el primer minuto" ha atendido las peticiones del Consejo General del Poder Judicial. Las palabras del jefe del Ejecutivo descartan un viraje en la posición del Ejecutivo respecto a este asunto.
Pero para el PP se ha producido un nuevo "bandazo" en la acción del Ejecutivo y Sánchez "ha contradicho" a Delgado, con lo que han puesto el foco sobre ella con la petición de cese inmediato o, de no producirse, la amenaza de reprobación. Montserrat también ha exigido al Ejecutivo una disculpa pública con el magistrado.
La reacción del Ejecutivo ante esa ofensiva ha sido la defensa de Delgado y la descalificación de una iniciativa que enmarca en la "liguilla de derechas" que cree que Pablo Casado mantiene con Ciudadanos.
La ministra, por su parte, ha solicitado su comparecencia en el Congreso para explicar los paseos dados para defender "la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial".
La demanda contiene un "error" de traducción relevante en las declaraciones de Llarena en las que la sustentan, según ha admitido en declaraciones a Efe uno de sus abogados, Gonzalo Boye, quien ha anunciado que pondrá en conocimiento del juzgado belga dicha errata.
En concreto, el juez que ha instruido la causa del "procés" en el Supremo dijo al ser preguntado por la existencia de presos políticos: "No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados".
En la traducción jurada al francés, esa última frase podría entenderse en un sentido más afirmativo y traducirse como "y sí es lo que se ha producido, hay que hacer una investigación".
Tanto Gonzalo Boye como el letrado belga Christophe Marchand han negado intencionalidad de falsear las declaraciones y han restado importancia a esa parte de las mismas, dado que, a su juicio, lo relevante es que el juez se pronunció sobre lo que es o no es un delito político.
La portavoz del Govern catalán y consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha coincidido en ese diagnóstico y ha criticado de nuevo que el Ejecutivo plantee asumir su defensa. En este caso, ha advertido de que Llarena pidió amparo fuerza de plazo, con lo que considera ilegal que se le conceda.
Tampoco está de acuerdo con ese apoyo el lehendakari, Íñigo Urkullu, quien ha argumentado que la demanda responde a unas declaraciones "privadas" de Llarena, realizadas "más como político" que como juez.
Urkullu no cree que la demanda cuestione la soberanía jurisdiccional española, como tampoco lo piensa Podemos, cuyo secretario de Organización, Pablo Echenique, ha reiterado que "lo sensato" que es que Llarena "se pague sus propios abogados".
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