Madrid, 22 jul.- Las comunidades autónomas del Partido Popular pedirán mañana al Gobierno que permita devolver la deuda contraída con el Estado por anticipos a cuenta en un plazo de diez años, pues así se aliviarían las necesidades de financiación de unas autonomías afectadas en su mayoría por un alto nivel de déficit.
Los barones del PP consideran que la situación de las comunidades se caracteriza por una crisis de ingresos y por "la asfixia del sector público", y por ello, tal y como afirman en una declaración suscrita hoy, son apremiantes nuevas medidas que permitan que las arcas autonómicas dispongan de más recursos.
Para ello, según han acordado los barones durante la reunión que han celebrado en la sede del partido en Madrid con Mariano Rajoy, proponen soltar menos liquidez al Estado debido a la moratoria del pago de la deuda contraída durante 2008 y 2009, y al mismo tiempo, recibir un porcentaje mayor de la liquidez total que se recoja en los anticipos a cuenta previstos por el Ejecutivo.
Como el PP dice que es el Gobierno el responsable de la deuda de las comunidades, sobre todo porque en esos años de 2008 y de 2009 dio un dinero que no se estaba recaudando, es el Gobierno el que, en consecuencia, ha de reparar este "problema de liquidez".
Así que además del aplazamiento del pago de la deuda, que los populares aumentan en cuatro años al ya establecido de seis, las regiones que gobierna el PP piden que el Estado regule un mecanismo de concesión de avales de la deuda autonómica.
En vez de estar cada una compitiendo entre ellas, y con diferentes tipos de interés, el partido de Rajoy quiere homogeneizar el sistema con esos avales estatales, que no se darían en cualquier caso, sino tras un análisis previo de adónde irán a parar los fondos y sólo para aquellas comunidades que cumplan la estabilidad presupuestaria y se ajusten a los techos de déficit.
El Consejo de Política Fiscal de mañana es un evento que el líder del PP considera "muy importante", pues está en juego la salud financiera del sector público autonómico. Rajoy lo venía reclamando desde la victoria en las elecciones del 22 de mayo.
En el PP se afronta la cita de mañana desde una posición de fuerza, como reconocen en la organización, ya que nunca antes había acumulado tanto poder territorial: de los 17 consejeros económicos que asistirán mañana, incluidos los de Ceuta y Melilla, trece son del Partido Popular.
La dirección nacional del PP y los barones regionales sostienen en su declaración conjunta que la actual crisis fiscal y el nivel de gasto público no se subsana mediante subidas de impuestos, pues ello perjudicaría el crecimiento económico a largo plazo, sino a través de "una reforma institucional del sector público" que delimite qué competencias asumen qué administraciones.
Es apremiante, precisan, una norma nacional que haga obligatorio el objetivo de estabilidad presupuestaria en todas las administraciones, fijar los compromisos de gastos para los próximos años y penalizar, por irresponsables, a quienes incumplan la disciplina en el presupuesto, por ejemplo mediante la acumulación de "facturas en el cajón" sin pagar.
Urge también la redacción de un programa a cuatro años de reducción del gasto corriente, lo que incluirá, entre otras medidas, menos publicidad, menos coches oficiales, menos teléfonos móviles y ahorro energético.
Sin incidir mucho en ello, el PP aboga, a su vez, por cambiar la financiación local y el sistema sanitario, y por garantizar las inyecciones presupuestarias de la Ley de Dependencia.
Aunque les ha granjeado muchas críticas, los populares seguirán contando "la verdad" de las cuentas públicas.
El PP completará las auditorías en septiembre o en octubre, y arrojarán los datos de lo que en ellas figure a la opinión pública.
Para los populares, ese "ejercicio de transparencia riguroso""ayudará a mejorar la imagen de España".
Antes de reunirse con sus presidentes autonómicos, Rajoy ha inaugurado un curso de verano de la Universidad Complutense en la localidad madrileña de San Lorenzo de El Escorial.
Allí ha afirmado, más allá de su apuesta por otra política económica que restablezca la confianza en España, que "algunos de sus ministros habrán de estar más tiempo en Bruselas que en Madrid", toda vez que las relaciones europeas serán prioridad de la nueva diplomacia española que él implante si gana las elecciones.
Ha añadido que el Gobierno actual "ya no tiene la más mínima utilidad", por lo que es necesario el adelanto electoral.EFE
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