Madrid, 31 oct.- El PP quiere que la reforma educativa introduzca en el Senado algunos cambios, tales como retrasar hasta 2017 las evaluaciones finales en ESO y Bachillerato, pero mantiene que los centros no tengan que ofertar Religión en Bachillerato, mientras que la mayoría de la oposición ha vetado la ley.
En el último día de plazo para enmendar el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), los populares también han modificado uno de los asuntos polémicos de la norma, el relativo al modelo lingüístico.
La disposición 38 queda así: las administraciones establecerán "sistemas en los que las asignaturas no lingüísticas se impartan exclusivamente en lengua castellana, en lengua cooficial o en alguna lengua extranjera, siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales".
En el texto aprobado en el Congreso se decía en la última frase: "en la que se utilice la lengua castellana como lengua vehicular en una proporción razonable".
El calendario de implantación del proyecto se mantiene, tal y como estaba previsto, para 2014-15 para primero, tercero y quinto de Primaria, y para segundo, cuarto y sexto en 2015-16.
Sin embargo, se ha modificado en lo relativo a ESO, ya que se ha ampliado un año, hasta los cursos escolares 2015-16 y 2016-2017 su implantación para primero y tercero, y para segundo y cuarto, respectivamente.
La evaluación final de ESO, correspondiente a la convocatoria que se realizará en el año 2017 y, como estaba previsto, no tendrá efectos académicos.
El PP también pide que se retrase un año los cambios previstos en la ley para Bachillerato, que pasarían para el primer curso en 2015-2016, y para el segundo en 2016-2017.
En Bachillerato, la evaluación final será, en el caso de que lo apruebe el Senado, en 2017 y no en el curso 2015-16 como estaba fijado.
La Selectividad, por tanto, se mantiene para los alumnos que quieran acceder a la Universidad antes del curso 2017-18.
En cuanto a la Religión, el PP no ha introducido en el Senado ninguna enmienda parcial en la Lomce encaminada a que la asignatura de Religión sea de oferta obligatoria en los centros de enseñanza en Bachillerato, tal y como pedía la Conferencia Episcopal.
Asimismo, se pide que las administraciones educativas puedan establecer medidas de atención personalizada a aquellos alumnos que habiéndose presentado a la evaluación final de ESO no la hayan superado y, en otra enmienda, que la oferta de educación a distancia se puedan establecer "criterios específicos adicionales en relación con las situaciones personales y laborales de las personas adultas".
Por su parte, el PSOE ha presentado un veto de rechazo junto con alrededor de 109 enmiendas parciales para proponer, entre otros puntos, que su implantación se lleve a cabo durante cinco años y no en dos como está previsto.
Además, el PSOE quiere restituir" la prioridad de la red pública" en la norma y que se "garantice" el préstamo gratuito de libros de texto y otros materiales curriculares en la educación básica de centros sostenidos con fondos públicos.
Los grupos catalán y vasco y la Entesa Catalana de Progrés también vetan en el Senado la totalidad de la reforma educativa por suponer una "recentralización" de competencias por parte del Estado.
En declaraciones a Efe, el portavoz de Educación de CiU en el Senado, Ramón Alturo, ha señalado que la Lomce perjudica a Cataluña "desde todos los puntos de vista", y propone un "bloque importante" de medidas relativas al ámbito de la distribución competencial en educación y en lo relativo al ámbito lingüístico.
El PNV veta la reforma por su injerencia competencial, y ha preparado un total de 69 enmiendas, han informado a Efe fuentes de la formación nacionalista vasca.
Entre ellas destaca una por la que quieren "blindar" la cuestión lingüística y "salvaguardar" la importancia de las lenguas cooficiales.
Por la Entesa Catalana de Progrés, el PSC veta la Lomce para rechazar "de plano" un proyecto "innecesario" e "injusto" y porque subordina la educación pública a la concertada y privada, reduce la igualdad de oportunidades, segrega y discrimina "a los alumnos más vulnerables".
En su veto, ICV recalca que la Lomce supone un cambio de modelo educativo para pasar de uno inclusivo, comprensivo y descentralizado a otro "segregador, centralizado y confesional".
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