El PP pide dimisiones por el acto de apoyo a Garzón y los sindicatos niegan que fuera una presión a los jueces

Madrid.- UGT y CCOO, organizadoras del acto de ayer de apoyo a Baltasar Garzón, han negado hoy que estén tratando de presionar a los jueces con acciones como esa, contra la que han arreciado las críticas y que ha llevado al PP a pedir el cese del secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías.

Un día después del que CCOO y UGT movilizaran a miles de personas en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, se han sucedido las opiniones en contra y a favor del acto, cuyo objetivo era denunciar "la persecución" contra Garzón y pedir que el juez no sea una nueva víctima del franquismo.

Hoy mismo, la Facultad de Derecho de la misma Universidad ha entrado en la controversia al divulgar un comunicado, en el que se hace eco del "malestar de buena parte" de su profesorado por las palabras oídas en ese acto y en el que lamenta que esta institución de educación superior haya sido "utilizada para atacar" a Supremo.

La Comisión Ejecutiva Confederal de UGT ha respondido en una nota de prensa a la polémica y ha sido para negar tajantemente que exista una campaña contra los órganos judiciales, en referencia al Tribunal Supremo, ni "voluntad alguna de coacción".

Según su argumento, el respeto a la Justicia y a sus instituciones no debe suponer "la anulación del derecho de reunión o el derecho a la libertad de expresión".

Desde Cádiz, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha ratificado que existía la necesidad de hacer un gesto como el de ayer, "no sólo a la persona de Garzón, sino a la acción que emprendió".

El centro de la mayor parte de los reproches ha sido el ex fiscal Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien acusó a los jueces del Supremo de constituirse en un instrumento de la "actual expresión del fascismo español" por admitir las querellas de Falange Española y Manos Limpias.

Pero también se han colado en medio de la discusión el secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Zarrías, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro Castro, cuyas dimisiones ha exigido el PP.

Las palabras de Jiménez Villarejo han irritado a varias asociaciones judiciales, que han calificado sus declaraciones de "desmesuradas", "un exceso", "insultantes", "desafortunadas" e "impropias".

Incluso la vocal portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ha considerado intolerable que se ataque al Supremo más allá de la libertad de expresión y ha asegurado que su institución no se verá coartada por las críticas a la causa abierta contra Garzón.

Aunque en un principio ha sido el portavoz del PP en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Rafael Merino, quien se ha encargado de pedir al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el "cese inmediato" de Zarrías, después ha sido el líder nacional del partido, Mariano Rajoy, quien ha incidido en el asunto.

Rajoy ha observado que Zarrías "no debería seguir ni un minuto más" en el Gobierno por su asistencia a un acto "claramente antidemocrático".

En nombre del Gobierno, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, ha vuelto a pedir respeto a las decisiones judiciales y a la presunción de inocencia del magistrado y ha señalado que el Ejecutivo no va a participar en el debate social que se ha generado sobre este asunto, porque podría interpretarse como una injerencia en los tribunales.

Y todo ello un día antes de que Garzón declare como imputado ante el Tribunal Supremo en relación con la querella que se tramita contra él por el dinero que presuntamente percibió del Banco Santander durante su estancia en la Universidad de Nueva York, entre 2005 y 2006.

Tampoco el Congreso de los Diputados ha sido esta mañana ajeno a la polémica y, de hecho, han sido numerosos los ministros y parlamentarios que han expresado su parecer.

Las críticas más duras han llegado desde las filas de PP y UPyD, que han arremetido contra el ex fiscal Anticorrupción, en tanto que varios ministros y diputados han rechazado que en las instituciones queden franquistas y han pedido respeto tanto a la Justicia como a quienes apoyan a Garzón.

Dado que la polémica sobre la imputación de Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha saltado las fronteras españolas, el TS ha convocado para el próximo viernes a los principales corresponsales extranjeros a una "reunión informal", con el fin de explicarles "técnicamente" cómo es un procedimiento en el alto tribunal contra un aforado.