El PP pide documentación al alcalde de Caravaca para decidir sobre su futuro

  • La dirección del PP de Murcia ha requerido hoy al alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, toda la información que desde hace tres años investiga la Guardia Civil sobre la urbanización El Roblecillo para decidir sobre su futuro político.

Murcia, 12 jun.- La dirección del PP de Murcia ha requerido hoy al alcalde de Caravaca de la Cruz, Domingo Aranda, imputado por un presunto delito de tráfico de influencias, toda la información que desde hace tres años investiga la Guardia Civil sobre la urbanización El Roblecillo para decidir sobre su futuro político.

El vicesecretario general de comunicación del partido, Francisco Bernabé, ha dicho al término de un encuentro con senadores que cuando esos documentos estén en poder del partido serán remitidos al Comité de Derechos y Garantías del PP regional, que preside Alberto Garre y forman nueve vocales licenciados en Derecho, para abrir un expediente sobre este caso.

Al ser preguntado por los registros efectuados ayer por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el ayuntamiento y por la imputación del alcalde, Bernabé ha recordado que es un asunto "que está sometido a investigación judicial" y que, por lo tanto, "no es procedente" que dé una opinión.

Sin embargo, ha remarcado que aunque "hay una imputación" del alcalde, "no hay una detención, no hay citación judicial para que preste declaración ni medidas cautelares de ningún tipo", por lo que "a partir de ahí, que cada cual sopese y saque sus conclusiones", aunque "hay un órgano del partido para esas consideraciones".

Aranda, alcalde desde 1999 de este municipio del noroeste murciano, tenía previsto asistir hoy en Madrid a la sesión del Congreso de los Diputados en la que se debatía una moción sobre las fiestas de los Caballos del Vino, pero ha decidido permanecer en el consistorio y despachar con sus colaboradores, según fuentes de su entorno.

La Guardia Civil investiga desde 2010 si existieron irregularidades en la recalificación de terrenos forestales de El Roblecillo, en la pedanía de Archivel, para la construcción de un campo de golf y 8.000 viviendas promovidas por la sociedad Golden Sky.

Los investigadores analizan hoy la documentación intervenida ayer en el consistorio y en los otros seis lugares en los que se efectuaron de forma simultánea los registros para redactar las diligencias que presentarán al magistrado Andrés Carrillo, que ha declarado secreto el sumario.

Junto a decenas de cajas con expedientes administrativos intervenidos en Caravaca de la Cruz, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y la Comisaría de Aguas de este organismo de cuenca, entre otros lugares, la UCO se hizo con numerosa documentación electrónica en la CHS.

Según fuentes cercanas al caso, el registro en este departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Alimentación se prolongó hasta cerca de la medianoche porque tuvieron que ser copiados los discos duros de varios ordenadores.

Entre las reacciones de los partidos políticos, destaca la del secretario general de los socialistas murcianos, Rafael González Tovar, quien ha dicho hoy que su partido exigirá "responsabilidades políticas" sobre esta presunta trama de corrupción urbanística una vez que "avance" la instrucción judicial del caso, para el que ha pedido "que la investigación llegue hasta el último detalle".

Por su parte, el edil de Izquierda Unida-Verdes en el ayuntamiento caravaqueño y portavoz local de esta formación, Juan Berbell, ha pedido la convocatoria de un pleno urgente y extraordinario para que Aranda dé explicaciones y presente su dimisión ante "una muestra más del cúmulo de despropósitos" del equipo de Gobierno del PP.

Por último, el concejal de Unión, Progreso y Democracia en Caravaca, Miguel Sánchez, ha mostrado su "estupor" por la situación que ahora se plantea en el consistorio, aunque ha pedido "prudencia" al exigir responsabilidades políticas al alcalde hasta que se concreten las actuaciones judiciales.

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