El PP reacciona y comienza su batalla política. La caída de Rajoy tendrá consecuencias. Si Sánchez sorprendió a la bancada popular aceptando gobernar con los PGE que previamente había calificado como malos para el país, ahora el PP, convertido en la llave para aprobarlos en el Senado (tiene mayoría absoluta), amenaza con usarlos para poner en dificultades tanto al PSOE como a sus socios del PNV. No en vano, el acuerdo del PSOE con los nacionalistas vascos se ha basado fundamentalmente en no tocar lo pactado con Rajoy, en no convocar elecciones de forma acelerada por miedo a Cs y en más contrapartidas en el futuro. Sí, es toda una sorpresa que pocos esperaban, pero ahora tiene visos de realidad. La venganza, dicen, se sirve fría.
Rajoy siempre se ha comprometido a defender los presupuestos que consideran un logro de su Gobierno y los adecuados en estos tiempos y más con Bruselas vigilante, por lo que no es probable que el órdago sea total, pero el mensaje del PP es que tocará partidas destinadas al País Vasco. Que en poco más de una semana un pacto acabe en una traición no se perdona.
La vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, Andrea Levy es la que ha hecho saltar todas las alarmas y ha justificado la presentación de enmiendas, algo que fuentes del PP habían descartado el pasado viernes tras prosperar la moción de censura, alegando que el PP está preocupado por el futuro de España y es un partido "serio y responsable". Esa no parece ser la razón. Levy también ha dejado caer que el PSOE hereda un país mucho mejor de lo que lo hizo Rajoy.
La dirigente popular ha dejado claro hoy que su partido presentará en el Senado las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado que considere "oportunas", y no ha descartado que estas puedan afectar a acuerdos presupuestarios alcanzados con el PNV. "Los que son responsables de haber firmado esa moción de censura también son responsables de asumir las responsabilidades de la política que el señor Sánchez conlleve", ha recalcado Levy en su respuesta. La 'traición' del PNV puede tener su factura.
Levy ha realizado estas declaraciones a los medios en la sede nacional del PP, en la víspera de la semana en la que el proyecto presupuestario de 2018 afronta en el Senado el debate de cinco vetos presentados por Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, EH Bildu y Compromís. Porque otra de las grandes paradojas que se presentan ahora es que son los grandes apoyos de Sánchez los que más han luchado contra los presupuestos.
En su veto en el Senado, Unidos Podemos defiende que las cuentas siguen ancladas en la lógica de la austeridad, ya que a pesar de que el nivel del PIB ha superado los niveles previos a la crisis, el gasto público se encuentra lejos de recuperar los recortes acumulados.
ERC denuncia en el suyo que las cuentas minimizan la inversión en Cataluña, buscan la recentralización del Estado y consolidan las desigualdades sociales.
PDeCAT argumenta que los presupuestos no incluyen un nuevo modelo de financiación autonómica, ni dan respuesta a las demandas políticas, económicas y sociales de Cataluña.
EH Bildu considera que los Presupuestos "cronifican" la desigualdad y tienen como grandes beneficiados la inversión en infraestructuras, los gastos en defensa, la Casa del Rey o los servicios secretos.
Por su parte, el veto de Compromís destaca que los Presupuestos no se han elaborado con "visión de repartir el dinero de todos en las necesidades de todos", sino para pagar bancos, rescatar autopistas, financiar a empresas de armamento o "partidos mercenarios" (esta última apreciación parece dirigida directamente al PNV).
De rechazarse los vetos y si no se incorporaran enmiendas parciales (en el caso de que el PP no consume sus amenazas), los Presupuestos quedarían finalmente aprobados en el Pleno que comienza el próximo 19 de junio, ya que si no hay cambios no tienen que volver al Congreso. Pero ahora esa posibilidad se aleja. El PP busca batalla, aunque sea con unos Presupuestos que ellos mismos aprobaron. Por lo que los presupuestos podrían tener que volver al Congreso. Los aliados de Sánchez podrían verse obligados a decir sí a unos PGE que detestan. Batalla a la vista.
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