El PP ha registrado este jueves en el Congreso una proposición de ley para endurecer el Código Penal contra las 'okupaciones', con penas de hasta tres años de cárcel, y acelerar los desalojos por parte de la autoridad pública en un plazo de entre 12 y 24 horas.
La modificación del Código Penal que propone el PP eleva de uno a tres años las penas de cárcel, en caso de producirse con violencia o intimidación, con una pena de entre seis a dieciocho meses para el resto de casos. Estas penas podrían ser superiores si la 'okupación' supera los 15 días, mientras que los 'okupas' podrían ver rebajado el castigo con trabajos en beneficio de la comunidad --de 31 a 90 días-- o multa dos a doce meses si se devolviera el inmueble a su propietario o poseedor.
El texto, recogido por Europa Press, regula asimismo la figura de las mafias de la 'okupación', al contemplarse penas para grupos organizados, incluyendo para aquellas personas que, sin participar directamente de los hechos, promuevan la 'okupación' dando instrucciones o señalando inmuebles para 'okupar'.
El PP también recoge la posibilidad de inhabilitación de cargo público y del ejercicio de derecho de sufragio pasivo --aspirar a ser elegido en un proceso electoral-- en caso de que la persona que participe en un grupo organizado fuera cometido por una autoridad o funcionario público.
Respecto al procedimiento para impulsar los desalojos, el PP busca ampliar las facilidades dadas en la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada por el PDeCAT y aprobada por el Congreso esta legislatura, con el fin de extender el 'desahucio express' a aquellas viviendas propiedad de las empresas.
Por otro lado, el PP propone una serie de modificaciones en la Ley de propiedad horizontal, donde autoriza al propietario o a la persona que ejerza la presidencia de una comunidad de propietarios a comunicar a la autoridad conductas o actividades prohibidas, sin necesidad de apercibimiento.
En este sentido, refleja por ley la posibilidad de que la presidencia de una comunidad advierta a un propietario de la posibilidad de adoptar medidas preventivas, como tapiar o cerrar puertas o ventanas, en caso de que su vivienda o local se encuentre vacía y exista "riesgo de que resulte ocupada ilegalmente, sin derecho y en contra de la voluntad del propietario".
Por último, establece nula cualquier inscripción en el padrón municipal cuando la persona que intente inscribirse es 'okupa', y no se considerará prueba de residencia o domicilio, ni atribuirá derecho alguno. Así, establece que los ayuntamientos den de baja de oficio o a instancias del propietario cualquiera de estas inscripciones.
El Grupo Popular ha anunciado también su intención de pedir la tramitación parlamentaria de su proposición de ley con la vía de urgencia, lo que acortaría los plazos a la mitad.
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