La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso se ha convertido en un diálogo de sordos después de casi un año de debates en los que no ha habido ningún avance en la principal recomendación, la número dos, que pide garantizar que las pensiones no pierdan poder adquisitivo en su revalorización anual. La salida de los jubilados a las calles pidieron una subida digna de las mismas han convertido el debate sobre su reforma como un arma política de primer nivel usada por todos.
El PP ve con temor como uno de sus principales nichos electorales se revuelve en su contra, pese a ser uno de los más respetados durante los recortes, y el PSOE intenta armar un proyecto social con las jubilaciones como bandera. Mientras tanto, Cs, dice ahora que el sistema de revalorización de las pensiones que limita su subida puede ser revisado coincidiendo también con Podemos que pide ya una subida del 1,6%.
Bajo esta premisa, PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC, Compromís y PDeCAT están de acuerdo en que el actual Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) no garantiza el poder de compra, ya que supedita la revalorización sobre todo a la evolución de los ingresos de la Seguridad Social, actualmente en déficit.
El PP se ha quedado solo en defensa de esta fórmula que únicamente ha permitido incrementar las pensiones el 0,25% en 2016 y en 2017, cuando la inflación cerró esos años en el 1,5% y el 1,1%, respectivamente.
Por este motivo, PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT han presentado varias proposiciones de ley para que en 2018 las pensiones suban el 1,6% (la pérdida de poder adquisitivo de ambos años) y aunque Podemos aboga por volver al IPC, socialistas y nacionalistas catalanes están abiertos a buscar otra fórmula. Incluso Ciudadanos ha señalado que está abierto a que las pensiones puedan ligarse al IPC, si bien a cambio pide que se apoyen sus propuestas que también benefician a los pensionistas.
Fuentes parlamentarias han señalado que el Gobierno podría estar analizando un cambio en el IRP para aumentar el 0,25 % de revalorización al 0,50 % o bien para simplificarlo y ligarlo más al PIB, la productividad o los salarios. La portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo, Mercé Perea, ha advertido de que su formación no apoyará un incremento del 0,50% o un nuevo indicador que no garantice el mantenimiento del poder adquisitivo y recuerda que actualmente sólo el IPC es una referencia fiable.
En la misma línea se muestra el PNV que incide en que la inflación es la variable más justa, al tiempo que el PDeCAT está abierto a un nuevo indicador que sea negociado en la Mesa del Diálogo Social y ratificado por el Pacto de Toledo. El portavoz del PDeCAT Carles Campuzano, uno de los fundadores de esta comisión en 1995, ha explicado que su propuesta pasa por varias premisas: proteger a los pensionistas más modestos cuando haya una baja inflación, subir las pensiones en momentos de crecimiento del PIB y crear una fórmula de revalorización anual ligada o bien a salarios, o a precios, o con ambas variables. También aboga por establecer una cláusula para que en periodos de recesión los pensionistas más modestos no pierdan poder adquisitivo y los que más cobren "se ajusten el cinturón". Campuzano también se ha mostrado contrario a un cambio en el IRP que conlleve un aumento del 0,50% de revalorización y recuerda que ningún país europeo tiene un indicador similar.
El PSOE insiste en que "si no hay una reforma con la revalorización, el sistema de pensiones deja de tener sentido y al final habrá prestaciones de beneficencia" y se muestra decidido a no seguir negociando más recomendaciones del Pacto de Toledo si no hay un cambio en la número dos.
Por su parte Campuzano aboga por desvincular la propuesta de subida del 1,6% de las pensiones en 2018 a la nueva fórmula que debe negociar en el Pacto de Toledo y critica la falta de "liderazgo del Gobierno" para exponer iniciativas en este foro.
La Mesa y Portavoces volverá a retomar el debate el próximo miércoles, una semana antes de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en el pleno del Congreso para exponer sus propuestas.
Lo cierto es que el Pacto de Toledo empezó a finales de marzo a debatir las 21 recomendaciones que mandata la comisión cada cinco años y sólo ha llegado hasta la número 11 (contributividad y periodo de cálculo para cuantificar la pensión), dejando atrás las medidas más problemáticas de acordar pero claves en el sistema.
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