El pp sostiene que el gobierno “no amenazó a nadie” de facua

La diputada del PP Marta Torrado aseguró hoy en el Congreso que por parte del Gobierno “no se ha amenazado a nadie” de la organización de consumidores y usuarios Facua.
Así lo dijo en su intervención en la Diputación Permanente, donde se debatió la petición del PSOE, de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural y del PNV para que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana mato, comparezca urgentemente en la Cámara Baja por la carta enviada a Facua desde el Instituto Nacional de Consumo.
“No se ha amenazado a Facua. Solamente ha enviado una carta en la que le recuerdan la legalidad de los fines de las asociaciones de consumidores, porque esta entidad podría estar extralimitándose con la campaña denominada ‘Huelga de Consumo’”, en protesta por la subida del IVA, dijo Torrado.
Agregó que se envió esta carta ante la “eventual extralimitación de los fines legítimos que han de perseguir como asociación de consumidores”. Señaló que “no se ha dictado ningún acto o resolución alguna por parte del Instituto Nacional de Consumo” y, por eso, el PP entiende que “no tiene ningún sentido” la comparecencia solicitada.
Por su parte, la diputada del PSOE Trinidad Jiménez añadió que la actuación del Instituto Nacional de Consumo es un “atentado gravísimo contra la libertad de expresión” y la carta enviada es “claramente una amenaza de ilegalización” de Facua.
A juicio del PSOE, con esta “actuación intimidatoria, que no tiene precedentes ni fundamento jurídico alguno”, el PP ha demostrado tener un espíritu “más propio de otras épocas” pasadas que de una sociedad democrática.
ESPERPÉNTICO
El diputado Pere Macías (CiU) tachó de “esperpéntico que desde el Gobierno alguien pretenda decirle a una asociación de consumidores cómo hacer su labor” y pretenda además “eliminarles” del registro correspondiente de no cambiar su actitud.
“No me parece normal que se pretende intervenir en cómo esta asociación debe desempeñar su papel. Quien tiene que pedirle cuentas son sus asociados, no el Gobierno”, apuntó Macías, para quien este episodio es una cuestión de “calidad democrática”.
Por su parte, Emilio Olabarría (PNV) leyó el manifiesto “Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de Facua”, que denuncia que, “por primera vez en la historia de la democracia española, un Gobierno pretende imponer la censura previa a una organización ciudadana y prohibirle ejercer su derecho a la libertad de expresión, información y opinión, reconocido por la Constitución Española de 1978”.