Madrid, 12 mar.- El PP se ha vuelto a oponer, esta vez en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso, a la retirada del anteproyecto de reforma de la ley del aborto que había pedido la Izquierda Plural en una proposición no de ley.
La iniciativa, que ha recibido 23 votos en contra y 15 a favor, instaba además a mantener la actual normativa y a realizar una evaluación en salud de los distintos aspectos de la ley para mejorar "la accesibilidad, universalidad y carácter público de la prestación".
El diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares ha opinado que el anteproyecto aprobado por el Gobierno sigue "un dogma religioso", es "hipócrita" e incapacita a la mujer jurídicamente.
Llamazares ha asegurado que si finalmente se aprueba la reforma, el 98 por ciento de los abortos estarán excluidos de la ley.
En el mismo sentido se ha pronunciado el diputado socialista José Martínez Olmos, quien ha opinado que la reforma es un "enorme paso atrás" y es contraria a los derechos de la mujer, tras lo que ha augurado que el futuro del texto lo marcarán las elecciones europeas que se celebrarán el próximo mes de mayo.
Por su parte, la diputada del PP Felicidad Rodríguez ha acusado a Llamazares de querer "hurtar" al Parlamento de la reflexión y el debate sobre el aborto y ha defendido que el Gobierno persigue hacer compatible tanto los derechos de la mujer como los del no nacido.
Ha reconocido que el anteproyecto es "susceptible" de mejoras y ha insistido en que la oposición quiere "quitar" al Ejecutivo su iniciativa legislativa.
Por otra parte, la Comisión ha dado luz verde, por unanimidad, a una proposición no de ley del PP, que finalmente ha sido pactada con el resto de grupos, que pide al Gobierno que siga trabajando en la mejora de la coordinación del Registro Unificado de Casos de Maltrato Infantil (RUMI) e impulse la aprobación de reformas legislativas en materia de protección al menor.
Asimismo, el Congreso manifiesta su voluntad de constituir, "en el plazo más breve posible", la subcomisión para abordar el problema de la violencia contra la infancia, "cuyas conclusiones deberán orientar las políticas legislativas destinadas a prevenir y abordar este problema".
No ha salido adelante la proposición no de ley de ERC que, entre otras cosas, emplazaba al Gobierno a crear, en los próximos presupuestos generales del Estado, un fondo de lucha contra la pobreza infantil con una asignación inicial de cien millones de euros, ni tampoco otra del PSOE para garantizar el acceso universal y con equidad al sistema de la dependencia.
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