Una vez que los presos del ‘procés’ han salido de la cárcel y tras todas las escenificaciones políticas generadas en torno a los indultos, se abre una nueva etapa en Cataluña en la que las propuestas del PSC para poner en marcha un modelo federalista en lo económico y territorial serán una de las claves del proceso negociador con los partidos nacionalistas, sobre la base de lograr siempre el mayor grado posible de soberanía para la comunidad dentro de la Constitución y el Estatut, acompasado por una mayor capacidad de gestión de los fondos públicos propios. Según explican fuentes socialistas catalanas, el tándem Pedro Sánchez, desde Madrid, y Salvador Illa, en Barcelona, serán los encargados de encauzar las demandas independentistas del nuevo Govern con dos premisas básicas: que todo quepa dentro de la legislación vigente y no cometer los mismos errores que dieron lugar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de hace una década.
Una de las claves de ese proceso estaría en la reforma paralela del Título VIII de la Constitución, sobre el modelo territorial, para ordenar y darle más competencias a las comunidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia), sin que con ello se generen agravios comparativos con el resto de autonomías. El reto estará en demostrar a los catalanes moderados que se puede avanzar en materia económica, social y soberanista sin tener que romper con el Estado ni llegar a una independencia que no cabría en Europa y echaría por tierra todo el progreso catalán y su papel como motor económico, aseguran en el entorno del PSC.
Para ello, Moncloa se ha fijado como referencia el Estatut de 2006 para explorar una "solución transversal" con el independentismo. Esencialmente con ERC, que es con el partido con el que existen varias vías de negociación. Ahora con Junqueras en libertad esos nexos se engrasarán más. Sánchez y su equipo "aspiran" a encontrar ese encaje legal que intentó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con una votación del texto autonómico, aunque luego el Tribunal Constitucional enmendara algunos artículos. La propuesta se pondrá encima de la mesa de negociación bilateral.
El Gobierno también tiene claro que Europa no le permite explorar otras vías distintas a las ya manejadas por otros ejecutivos. Hasta Mariano Rajoy lo intentó, designando a Soraya Sáenz de Santamaría interlocutora con la Generalitat de Carles Puigdemont y abriendo, incluso, una oficina presencial en Barcelona con Enric Milló al frente. "Cataluña sin España no es Europa, sería menos próspera y menos plural", indican las mismas fuentes. Constitución, en definitiva, y ley: "Ellos deben saber que dentro de la Carta Magna caben sus ideas independentistas", concluyen.
Mas capacidad para manejar impuestos
En el ideario del entorno socialista aseguran que se puede avanzar mucho en materia fiscal y económica para que Cataluña vuelva a ser el motor principal de la economía española con más capacidad de autogobierno, algo que sería muy bien valorado por la clase media trabajadora y por el mundo empresarial, sumido desde hace demasiado tiempo en una parálisis administrativa y política que ha dado al traste con el desarrollo de las infraestructuras y los servicios públicos. El camino hacia un modelo federal, que siempre han defendido los socialistas catalanes y no ha sido mal visto por los partidos soberanistas, permitiría el traspaso directo de una mayor parte de la recaudación de impuestos principales, como el IRPF y Sociedades, entre otras opciones, que darían un mayor margen de maniobra a la Generalitat para recuperar el terreno perdido desde el conflicto del Estatut de 2006.
Desde que Artur Mas formulara el concepto del 'Pacto Fiscal' como una alternativa para garantizar a Cataluña un espacio fiscal propio equiparable a los regímenes forales vasco y navarro, la reforma de la financiación autonómica se ha consolidado como elemento clave para tratar de resolver el encaje fiscal de Cataluña en España. Entre todos los planteamientos que se han puesto sobre la mesa para solucionar ese encaje ninguno ha conseguido tantos adeptos como el 'federalismo fiscal'.
La vía de dar un nuevo impulso a la corresponsabilidad fiscal ampliando el margen de maniobra de las comunidades autónomas para generar sus propios ingresos sin tener que depender tanto de las transferencias del Estado -sustituyendo, por ejemplo, la actual participación de las CCAA en los ingresos de grandes impuestos como el IVA o los Impuestos Especiales por una capacidad real para fijar los tipos impositivos configurando un tramo autonómico de esos impuestos- se ha ido imponiendo poco a poco entre los expertos y no pocos dirigentes autonómicos dentro del debate del futuro de la financiación autonómica.
Prueba de ello es la presencia en el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal constituido por el Ministerio de Hacienda de al menos media docena de expertos que defienden de forma explícita una solución federal para resolver las lagunas en la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas por el lado del ingreso. Entre ellos, Guillem López i Casasnovas, un economista que ya defendió un pacto federal dentro del comité de expertos para la financiación autonómica que creó en su día Cristóbal Montoro y que pasa por ser el experto de cabecera de la Generalitat de Cataluña en estos asuntos. Hay que recordar que la definición de propuestas para abordar la financiación autonómica es uno de los mandatos que figuran en el guion que el Ministerio de Hacienda ha traslado a los expertos del Comité, que deben presentar sus conclusiones sobre por dónde debe ir el futuro del sistema fiscal español el próximo mes de febrero.
