El PSOE aragonés apuesta por la supresión del Senado por ser "redundante"

  • El Partido Socialista en Aragón apuesta por suprimir el Senado al considerar que es "redundante" con el Congreso y plantea tratar los asuntos autonómicos en las conferencias intergubernamentales, mecanismos "más flexibles" y "baratos" que la Cámara alta.

Zaragoza, 10 abr.- El Partido Socialista en Aragón apuesta por suprimir el Senado al considerar que es "redundante" con el Congreso y plantea tratar los asuntos autonómicos en las conferencias intergubernamentales, mecanismos "más flexibles" y "baratos" que la Cámara alta.

Ésta es una de las propuestas recogidas en un documento de trabajo realizado por el equipo de profesores de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, coordinado por el catedrático Manuel Contreras, y con el que el PSOE tiene un "altísimo nivel de coincidencia".

Así lo ha explicado hoy el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, en la presentación a los medios de comunicación de este informe que, a partir de ahora, será sometido a debate interno a fin de presentar propuestas en la conferencia política federal que se celebrará en octubre.

También ha sido trasladado al secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien mostró "una receptividad alta", ha señalado Lambán, así como a la Junta de coordinación de trabajos de la conferencia política de octubre, dirigida por Ramón Jáuregui.

La supresión del Senado es una de las propuestas planteadas en el informe y asumidas por los socialistas aragoneses por innecesario, por su "redundancia" con el Congreso y porque no resuelve el objetivo para el que fue creado, "plasmar la representación territorial", ha indicado Lambán.

El profesor de la Universidad de Zaragoza Carlos Garrido ha añadido que aunque fue concebida como una cámara de representación territorial no ha funcionado como tal, en primer lugar porque cuando se redactó la Constitución no existían las comunidades autónomas.

Con el paso del tiempo, según se indica también en el informe, el Senado ha funcionado como una cámara de "segunda lectura", duplicando la representación y reiterando "la dinámica partidista" del Congreso, ha agregado.

"Las enmiendas que puede introducir pueden ser eliminadas por el Congreso y el veto a las proposiciones de ley remitidas por el Congreso también pueden ser superadas por el Congreso", ha aclarado.

En este sentido, ha puntualizado que las propuestas para reformar el Senado, basada en esa representación territorial que predica la Constitución, son muy diversas y entrañan una "gran complejidad técnica y política", que difícilmente se pueden resolver.

Por ejemplo, se deberían concretar las funciones de esta cámara en detrimento del Congreso, y los criterios para determinar el número de senadores por comunidades autónomas, entre otras cuestiones técnicas y políticas sobre las que prácticamente es "imposible" llegar a un consenso.

Por ello, este documento de trabajo defiende como alternativa la supresión del Senado y apuesta por las conferencias de presidentes autonómicos o intersectoriales para tratar los asuntos autonómicos.

Por otro lado, este informe propone avanzar hacia un estado federal y plantea que la financiación autonómica quede fijada en la propia Constitución, para evitar que esté sujeta a la "continua negociación política".

"Siempre ha sido Cataluña la que ha marcado el paso para las reformas de los sistemas de financiación, siempre ha sido Andalucía la segunda comunidad con la que el Estado ha negociado, y siempre hemos sido el resto de las comunidades autónomas las sufridoras del resultado final que se ha ido produciendo cada cinco años", ha lamentado Lambán.

El estudio incluye otras propuestas, como fijar a través de la Constitución nuevas formas de participación ciudadana, entre ellas la reducción del número de firmas exigido para la iniciativa legislativa popular o el referéndum consultivo, así como un reconocimiento constitucional a los municipios y provincias.

Además, plantea delimitar la "irresponsabilidad e inviolabilidad" del Rey, a los actos realizados en el ejercicio de su cargo como Jefe de Estado, con el fin de excluir de este estatuto jurídico sus actuaciones en el ámbito privado, y la eliminación del reconocimiento a la Iglesia Católica en la Constitución.

Por su parte, Manuel Contreras ha apuntado que 35 años después de la aprobación de la Constitución, quizá sea el "tiempo" de plantear una reforma del pacto constitucional para acercarlo a las nuevas generaciones para mejorar la calidad del sistema democrático y resolver el modelo territorial, ahora "en crisis".

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