El psoe denuncia que la ley de seguridad ciudadana es una “caza al disidente” y promete derogarla


El secretario de Acción Política y de Ciudadanía de la Ejecutiva del PSOE, Patxi López, afirmó este miércoles que la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘ley mordaza’, supone una “caza al disidente” con la que “el Gobierno siempre tiene razón”, por lo que se comprometió a derogarla.
En rueda de prensa en Ferraz, López criticó la entrada en vigor de esta ley y aseguró hoy que si bien hoy es “el primer día de nuevo recorte de nuestras libertades”, por lo que supone la aplicación de la norma, también es “el día en el que anunciamos su final”, porque el PSOE “derogará” esta norma en cuanto gobierne y en ese momento se “van a recobrar los niveles de libertad de antes de la ‘ley mordaza’”.
En este sentido, denunció que “el PP siempre usa la excusa de la seguridad para recortar la libertad” porque “tiene miedo a la libertad” y que con esta ley, en España, “hemos retrocedido en nuestro reloj casi 40 años y hoy la libertad es más pequeña para todos”.
Para López, esta ley que ha sido recurrida por toda la oposición, “promueve la arbitrariedad, la falta de seguridad jurídica, la coacción ciudadana” y es una norma “para ir a la caza del disidente, de las personas que discrepan de las políticas del Gobierno”.
Se preguntó dónde están los liberales del PP que han permitido la aprobación de esta ley, lo que le llevó a indicar que “por mucho que lo digan, no hay liberales en el PP, sólo liberales de chequera”.
El dirigente socialista remarcó que “los socialistas no tenemos miedo a la libertad, ni a la discrepancia ni a las críticas”, y que se respetarán y defenderán los derechos de los ciudadanos y contrapuso esta ley con la que, hace diez años, aprobaron permitiendo el matrimonio homosexual. Esto pone de manifiesto “la vigencia de las ideologías y cómo actúan unos y otros”, añadió.
A este respecto, López remarcó que la norma “habilita a la policía para el ejercicio de poderes que extralimitan su función; instaura un derecho administrativo preventivo fundado en sospechas y dirigido a generar desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales; fija un sistema sancionador sobre definiciones ambiguas de los tipos de sanción con multas desproporcionadas y se sustenta en juicios discrecionales de la Administración que impiden el efectivo control judicial”.

Mostrar comentarios