La posibilidad de que se conceda la nacionalidad de forma directa a los nietos de los emigrantes españoles en virtud de una proposición de ley de Unidos Podemos que se negocia en el Senado, ha levantado todas las alarmas en los ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia, por la avalancha de solicitudes que puede provocar. Desde las filas socialistas se ha introducido una enmienda al texto que pretende limitar el impacto de la medida, a la vista de que los técnicos de ambos ministerios han calculado que la propuesta de Podemos puede abrir la puerta a la nacionalidad española a cerca de dos millones de personas, descendientes de españoles que emigraron al exterior sobre todo en la etapa anterior a la Constitución.
La propuesta de Unidos Podemos, contemplada dentro de la reforma del Código Civil, plantea que se conceda la nacionalidad por opción (con solo solicitarla y cumplir los requisitos legales mínimos) a todos “los nietos del emigrante español varón que mantuvo su nacionalidad hasta el nacimiento de sus descendientes y los nietos de aquellas mujeres españolas emigrantes con independencia de si la emigrante española mantuvo, perdió o recuperó su nacionalidad antes del nacimiento de sus descendientes”. La propuesta de Unidos Podemos viene a reconocer el agravio histórico del franquismo, que retiraba la nacionalidad a las mujeres que se casaban con extranjeros y dejaban el país, y a sus descendientes.
Se añaden en esta opción los nietos de quienes lograron la nacionalidad en su país de acogida por razones económicas. Además, la proposición incluye esta vía rápida para tener nacionalidad española a los hijos mayores de edad de aquellos españoles emigrados que han recuperado la suya, algo que hasta ahora solo se podía hacer con los menores de edad y que provocaba numerosos agravios comparativos dentro de las familias. Por último, también se postula que recuperen la nacionalidad todas aquellas personas que, siendo españoles de origen, no la han ratificado al cumplir su mayoría de edad.
Frente a esta opción, desde las filas socialistas en el Senado ha presentado una enmienda que, según las fuentes consultadas, se acerca mucho a la postura del Gobierno y que pretende frenar el impacto que para la Administración tendría el amplio grado de apertura que se pretenden desde Podemos. El PSOE plantea que se reconozca la nacionalidad en origen solo a los “nacidos de madre española antes de la entrada en vigor de la Constitución española de 6 de diciembre de 1978”, así como a los “nacidos de padre o madre españoles de origen que, por motivo de exilio, se vieron forzados a renunciar a su nacionalidad”.
La propuesta socialista no menciona el reconocimiento directo a los nietos de emigrantes en ningún caso, de forma que se trata de una postura que puede excluir una gran parte de ellos, sobre todo los descendientes de quienes dejaron el país en época franquista cuyos padres no conservaron o recuperaron la nacionalidad. No obstante, permite moderar el proceso de forma que no se produzca un efecto llamada o aglomeraciones en los consulados.
La enmienda socialista se justifica en que su opción cumple con lo pedido por Podemos, dado que “ofrece una solución los exiliados que se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española y adoptar la nacionalidad del país de acogida para poder trabajar o residir en él”, así como a aquellos que renunciaron y no han podido transmitir esa nacionalidad a los hijos nacidos después de ello.
El Grupo Socialista en el Senado admite en su enmienda el resto de opciones de la proposición de Podemos, con quien está ahora mismo en proceso de negociación para intentar cerrar una postura consensada. El problema es que el efecto que produce la propuesta de Podemos puede colapsar el trabajo en algunos consulados españoles en el exterior, por un lado, y en los Registros españoles, por el otro. Solo en el caso de Cuba, los técnicos del Gobierno que han analizado la medida calculan que podrían exigir la nacionalidad española hasta 400.000 personas, de los dos millones posibles en todo el mundo.
Desde el lado político se quieren minimizar la alarma, por entender que en este tipo de procesos legales nunca se llegan a solicitar todas las peticiones potenciales que la norma contempla. Pero la falta de personal en los consulados, que son los que tienen que recibir las peticiones, y el trámite a seguir en el Registro Civil, que debe analizar los expedientes para elevarlos a la aprobación de la ministra de Justicia, pueden provocar un gran atasco burocrático, según advierten fuentes técnicas consultadas y conocedoras de todo el proceso.
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