El PSOE pide la imputación de Aguirre en Lezo por las adjudicaciones del Canal

  • La acusación solicita estas diligencias tras conocerse que el anterior fiscal del caso planteó la imputación de la expresidencia por estos hechos.
Esperanza Aguirre y Ángel Garrido, en el Dos de Mayo
Esperanza Aguirre y Ángel Garrido, en el Dos de Mayo
Europa Press

La acusación que ejerce el PSOE en el caso Lezo ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón la imputación de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre por la adjudicación presuntamente irregular del proyecto del campo de golf a una UTE controlada por Pablo González, hermano de Ignacio González, en el momento de los hechos vicepresidente del Gobierno regional. Se trata de una diligencia que se solicita apenas días después de conocerse que el anterior fiscal anticorrupción al frente de la causa, Carlos Yáñez, planteó su imputación por dar luz verde al proyecto. 

De acuerdo con un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 y al que ha tenido acceso este diario, la formación pide al magistrado que cite como investigados además a los exconsejeros Mariano Zabia, Salvador Victoria, María Jesús Villamediana, Domingo Menéndez así como a lo miembros del Consejo de Gobierno que votaron a favor del acuerdo de 18 de enero de 2007. Estos hechos se investigan el marco de la pieza número 2 de esta macrocausa por presuntas irregularidades en el seno del Canal de Isabel II. 

Precisamente, el instructor ha practicado recientemente interrogatorios relacionados con esta parte de las pesquisas a altos cargos de la empresa pública de aguas. De acuerdo con fuentes de la investigación consultadas por La Información, los exdirectivos del Canal Ildefonso de Miguel y Adrián Martín negaron en sede judicial el pasado 7 de mayo irregularidades en la adjudicación de este proyecto que fue a parar al consorcio Green Canal Golf, participado por la empresa Tecnoconcret; mercantil administrada por Pablo González. Los acusados explicaron entonces que el Consejo dio el visto bueno por unanimidad a esta operación basándose en el criterio de los técnicos y que no tenían relación alguna con esa sociedad. 

Sin embargo la acusación popular sí que contempla que pudo tratarse de una licitación irregular y por ese motivo pide esta batería de diligencias entre las que se encuentra además que se requiera a la Comunidad de Madrid para que aporte el acta del Consejo de Gobierno en el que se identifica a los consejeros que participaron en la votación. Se trata de una diligencia que reclaman tras conocerse que el anterior fiscal al frente del caso ya planteó la imputación de todos ellos, tal y como adelantó el diario Ara.cat. Igualmente incorporan extractos de la declaración que prestó Aguirre durante su intervención en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid, donde se atribuyó la idea de este proyecto.

De hecho, este es un extremo que no negaron en ningún momento ni Ildefonso de Miguel ni Adrián Martín hace unas semanas en la Audiencia Nacional. Es más, explicaron que la propuesta de creación de los campos de golf en los terrenos que tiene el Canal en el madrileño barrio de chamberí fue de la propia Aguirre aunque descartaron haber recibido presiones de cara a facilitar este proyecto, que inicialmente era más ambicioso al incluir parques públicos y hasta un helipuerto. El magistrado que comenzó instruyendo este caso, Eloy Velasco, expuso que el consorcio integrado por la mercantil de González se hizo con la adjudicación pese a que hubo ofertas que obtuvieron más puntuación.

"Yo no hice ninguna trampa"

Precisamente, la expresidenta regional expuso en la comisión de investigación que, según lo que recuerda del momento de los hechos, fue González el que le planteó la posibilidad de abordar un proyecto que no fuera tan "costoso". Igualmente dijo que el Ayuntamiento no daba la licencia en cuestión y que a ella le pareció "injusto" de que se privara a los vecinos del barrio de disponer de una pista de atletismo de 1.200 metros y tres campos de fútbol. "Yo no hice ninguna trampa", apostilló Aguirre, que se amparó en el artículo 161 de la Ley del Suelo, según el cual en casos de interés general, la Comunidad de Madrid podría prescindir de la licencia municipal.

Con todo, la acusación defiende que, "dado el estado de la instrucción" es "absolutamente indispensable" que los principales actores implicados en el procedimiento de construcción de la cancha de prácticas de Golf en el Canal presten declaración en calidad de investigados. Se trata de unas diligencias que se producen cuando otras piezas de la macrocausa, como ocurre con la primera relativa a la actividad de Emissao e Inassa, están a punto de llegar al fin de su instrucción. 

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