El puerto colombiano de Buenaventura cierra sus puertas contra la violencia

Bogotá, 12 mar.- El puerto de Buenaventura, el más importante del Pacífico colombiano, cerró hoy las puertas de 5.500 negocios en rechazo de la violencia derivada de la guerra entre bandas rivales y de la extorsión a la que está sometido el comercio.

El presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, explicó a Efe por teléfono que a esta iniciativa se sumaron "casi todas las actividades económicas" de todos los niveles, desde pequeños negocios hasta grandes almacenes de cadena.

"También participaron en el paro empresas de transporte de pasajeros y de carga pesada, así como estaciones de servicio", añadió, al señalar que la jornada transcurrió "de forma pacífica".

Buenaventura, que tiene una población de unos 300.000 habitantes, amaneció hoy con las tiendas cerradas y carteles con mensajes como "Los búfalos se unieron y los leones no se los comieron", en alusión a su resistencia frente a las bandas narcoparamilitares de Los Urabeños y La Empresa, que es una facción de sus rivales Los Rastrojos.

"Ya comenzamos a derrotar la indiferencia" y "Gracias Buenaventura por apoyar este primer paso para el cambio" son otras leyendas que se pudieron ver este miércoles en las puertas de los establecimientos cerrados, donde se apostaron los trabajadores vestidos de blanco y con banderas de Colombia.

"Calculamos que hoy se dejó de ingresar un total de 2.500 millones de pesos (cerca de 1,2 millones de dólares)", señaló el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio bonaverense.

Los habitantes de Buenaventura han elevado la voz en las últimas semanas para protestar por la grave situación de seguridad que viven desde hace año y medio, cuando la llegada de Los Urabeños disparó la lucha por el territorio y las rutas de la droga y las armas con La Empresa.

En consecuencia, y unido a problemas integrales de pobreza, desempleo y abandono estatal, aumentaron las desapariciones forzadas, el desplazamiento y la extorsión, mientras que los homicidios superan el medio centenar en lo corrido del año.

El pasado 19 de febrero y por iniciativa del obispo Héctor Epalza, unos 25.000 ciudadanos marcharon vestidos de blanco para hacerle un entierro simbólico a la violencia, virtualmente introducida en un ataúd.

Aunque esta situación ha sido denunciada en varias ocasiones, la acción del Gobierno, un plan policial permanente con 380 agentes más, llegó el viernes pasado después de que se conocieran al menos 12 casos de desmembración de personas, cuyos restos aparecieron en el mar.