El quinto jefe de Policía de Puerto Rico en 5 años ante reto del narcotráfico

San Juan, 9 abr.- El nuevo jefe de la Policía de Puerto Rico, el quinto en el último lustro, se enfrenta al reto de reducir una criminalidad asociada al narcotráfico que provoca cada año un millar de muertes en una isla de tan sólo 3,6 millones de habitantes.

José Caldero, que tras su nominación por el Ejecutivo deberá ser confirmado ahora por un Senado que dejó por el camino a su predecesor, James Tuller, señaló hoy en entrevista con Efe que la colaboración con las autoridades federales de Estados Unidos -en especial el FBI- presentes en la isla es esencial para alcanzar ese objetivo.

Tuller llevaba cuatro meses ejerciendo sin que su nombramiento hubiera sido confirmado por el Legislativo, hasta que la semana pasada el gobernador de este Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, pidió su retirada por no dar información sobre sus declaraciones anuales de ingresos.

Entonces nominó a Caldero, con la esperanza de dotar al cargo de la estabilidad de la que no goza desde hace cinco años y que es fundamental para un territorio en la ruta del narcotráfico entre Suramérica y Estados Unidos.

"El 73 % de los asesinatos que se registran en Puerto Rico están relacionados con la droga", subraya Caldero, que una vez supere el filtro de la Cámara alta que exige la normativa tendrá ante sí el reto de lidiar con una criminalidad que en 2011 le costó la vida a 1.136 personas en la isla, la cifra anual más alta jamás registrada (desde 1940).

La crisis económica que sufre Puerto Rico desde hace cerca de siete años no ha ayudado a que mejore el, quizá, principal problema de la isla, cuyas calles se han convertido en el escenario de ajustes de cuentas entre bandas de delincuentes que tratan de controlar los puntos de venta de droga.

Caldero, un policía que conoce perfectamente un cuerpo al que se unió en 1976 para patrullar las calles de una popular barriada de San Juan, asegura que "hay que investigar al (narcotraficante) grande y al que financia", para atacar la raíz del problema.

Este coronel retirado, y que ahora asesoraba en temas de seguridad a un municipio de la isla, debe acabar con los ajustes de cuentas entre narcotraficantes, pero tiene ante sí también otras muchas tareas.

La Justicia de EE.UU., cuyo Congreso tiene la última palabra sobre este territorio en el que sus habitantes no pueden votar por el presidente del país norteamericano, ha exigido una reformas de las fuerzas de seguridad de la isla después de conocerse un informe de Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que denunciaba graves delitos en su seno entre 2005 y 2010.

Caldero señaló sobre ese asunto que "se va a nombrar a un monitor federal" que supervise la reforma iniciada en la Policía que, aseguró, "no tiene marcha atrás".

Puerto Rico fue escenario en 2010 de la operación "Guard Shack", en la que fueron acusados 89 policías estatales, municipales y del Departamento de Corrección de la isla caribeña.

El fiscal general de EE.UU., Eric Holder, consideró entonces la operación como una de las más importantes ejecutadas por el FBI en territorio estadounidense contra la corrupción ligada al narcotráfico.

Caldero no podrá dejar de lado tampoco la acusación de la ACLU sobre la discriminación que sufre la numerosa colonia dominicana en Puerto Rico, de más de 300.000 personas.

"Me voy a reunir con los líderes de esa comunidad", promete el nuevo superintendente, para quien es fundamental que la ciudadanía perciba que recibe un trato correcto por parte de la Policía.

Caldero, con más de tres décadas de experiencia en la Policía, es el tercer superintendente desde que García Padilla asumió el cargo en enero de 2013.

Durante los últimos años han desfilado por el cargo hasta cinco jefes de Policía que, o bien forzados por el Ejecutivo o a iniciativa propia, no han permitido con sus prematuras salidas dar continuidad al cargo.

El "desfile" de superintendentes comenzó en julio de 2011 con José Figueroa Sancha, que tras un mes de junio con más de cien asesinatos, dejó el cargo y dio inicio a un "baile" de cargos al que se quiere que ponga fin Caldero.

La criminalidad dejó en 2011 un total de 1.136 muertos, la cifra anual más alta registrada desde 1940, para bajar en 2012 a 1.005 y 883 en 2013.