El recurso previo de inconstitucionalidad comienza su tramitación en el congreso

El Pleno del Congreso de los Diputados empieza esta semana a tramitar las iniciativas del PP y del PSOE para recuperar el recurso previo al Tribunal Constitucional en las reformas estatutarias, con la discrepancia de fondo sobre su aplicación o no a la de Castilla-La Mancha, que los socialistas denuncian como un “pucherazo”.
El martes se debatirá y se aprobará la toma en consideración de las proposiciones de ley presentadas por los dos grupos, que a partir de ahí seguirán el trámite legislativo habitual para una iniciativa de reforma de ley orgánica, en este caso la del Tribunal Constitución.
Los textos del PP y del PSOE son similares y pretenden el mismo objetivo, pero ambos partidos discrepan en una cuestión fundamental: si ese recurso previo se aplicaría a las reformas que se estén tramitando cuando entre en vigor, como sería el caso de la de Castilla-La Mancha, o no.
En ese sentido, el PP incluye en su iniciativa una disposición en la que establece expresamente que el recurso previo solo será de aplicación a las reformas que comiencen a tramitarse una vez vigente la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
En su exposición de motivos, el PP recupera el parecer “diáfano” del Consejo de Estado cuando en 2006 emitió informe sobre las reformas de la Constitución.
En aquel momento consideró que el control a posteriori de los estatutos “tal vez no resulte el más adecuado para fuentes normativas que, como los Estatutos, subordinados a la Constitución, ocupan bajo ella el más elevado lugar en la jerarquía ordinamental. Para librarlos de la sospecha de inconstitucionalidad y, a fortiori, de la acusación explícita de incurrir en ella, podría considerarse la conveniencia de reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad”.
Ese recurso previo, recuerda el PP, ya se aplicó en España desde la aprobación de la ley en 1979 hasta la reforma de 1985 cuando ya prácticamente todos los estatutos estaban aprobados y en vigor.
Todo ello lleva a conluir, dice el PP, “que para evitar el cuestionamiento constitucional e institucional y vertebrar con rigor jurídico y cohesión social el Estado, se torna necesario y conveniente restablecer, adaptándolo a la actual configuración del Estado, el recurso previo de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía”.
El PP plantea modificar el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para incluir entre sus funciones el control previo de los estatutos de autonomía, y recuperar el artículo 79 que la reforma de 1985 dejó sin efecto, para regularlo.
Ese artículo establecería que el recurso tendría como objeto la impugnación del texto definitivo del proyecto de Estatuto o de la propuesta de reforma de Estatuto tras su tramitación en las Cortes Generales.
El procedimiento se regiría por lo previsto para los recursos de inconstitucionalidad pero el plazo para la interposición sería de solo tres días. La interposicion supondría la suspensión automática de la tramitación del proyecto, y la sentencia estimatoria del mismo implicaría la imposibilidad de seguir adelante con el proceso mientras los preceptos declarados inconstitucionales no hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes.
Por tanto, no sería hasta ese momento cuando el Estatuto podría ser promulgado y publicado en el BOE para su entrada en vigor. Cuando la reforma deba ser sometida a referendum, tampoco podría convocarse hasta estar garantizada la constitucionalidad del texto.
En su texto, el PSOE apela a la necesidad de modificar el modelo territorial y perfeccionar su actual articulación.
Subraya que, dado el carácter de norma institucional básica de las comunidades autónomas, la eventual declaración de inconstitucionalidad de los estatutos de autonomía una vez que han entrado en vigor y han desplegado sus efectos puede tener “graves consecuencias tanto jurídicas como políticas y sociales”.
Creen necesario garantizar el equilibrio entre la especial legitimidad de los estatutos de autonomía y el respeto al marco constitucional, y evitar el “choque de legitimidades” que implica la declaración de inconstitucional de un estatuto años después de haber sido aprobado e incluso, en su caso, ratificado por los ciudadanos.
Para evitar que pueda ser utilizado para bloquear iniciativas con “dilaciones indeseables” en la resolución, los socialistas proponen limitar a seis meses el plazo del Tribunal Constitucional para dictar la sentencia final.