La primera decisión que adoptará Álvaro García Ortiz estará relacionada con el perfil que adoptará al frente de la Fiscalía General del Estado. "¿Romperá con la 'era Delgado' o marcará su propia hoja de ruta?", esa es la pregunta que se hacen muchos de los fiscales que han recibido con cierta sorpresa que el Gobierno haya propuesto como relevo de Dolores Delgado -quien ha dimitido por motivos de salud-, a quien precisamente ha sido su hombre de confianza en estos últimos dos años y medio. Fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica desde marzo de 2020, ha sido quien ha apoyado y respaldado a la hasta ahora máxima responsable del Ministerio Público en las grandes polémicas de su mandato, protagonizadas sobre todo por la política de nombramientos a la cúpula fiscal.
Delgado aterrizó en febrero de 2020 en la Fiscalía General y su nombramiento ya supuso un revuelo. Un mes antes había dejado el Ministerio de Justicia, algo que hizo que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) avalara su idoneidad para el siguiente cargo con fuertes reparos, al igual que la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Sin embargo, Delgado no lo veía así, pues defendió que esa etapa no era "una debilidad, sino una fortaleza". Este argumento no convenció a la oposición y muestra de ello fue que PP y VOX recurrieron la designación ante el Tribunal Constitucional, después de que el Tribunal Supremo la ratificara, al entender que las formaciones políticas no pueden impugnar las decisiones discrecionales del Gobierno. Ahora es Álvaro García quien se tiene que someter a ese examen antes de que su nombramiento sea haga oficial. El órgano de gobierno de los jueces se pronunciará este jueves, 21 de julio.
En la trayectoria profesional de García destaca su experiencia como fiscal de Medio Ambiente en Galicia, donde se encargó del juicio sobre el hundimiento del Prestige. También en la dirección de investigaciones sobre incendios, donde tuvo un importante papel en el informe que se elaboró sobre las posibles causas delictivas de los incendios forestales de octubre de 2017 en Galicia. En él concluyó que no había "evidencias de la existencia de ninguna trama". Un dictamen que chocó con el entonces presidente de la Xunta y ahora líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que planteó el delito incendiario como "terrorista" al insinuar que había una actividad "delictiva homicida".
No obstante, según señalan fuentes fiscales consultadas por este diario, en los dos últimos años García Ortiz no sólo ha ejercido como 'número dos' de la fiscal general del Estado, sino que también ha sido el alto cargo que ha salido en defensa de su polémica gestión, como en el denominado 'caso Stampa', relativo a la denegación de una plaza fija en la Fiscalía Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los fiscales que impulsó el 'caso Villarejo'. Precisamente el jefe de la secretaría Técnica fue quien "sugirió" la práctica de más diligencias antes de archivar la investigación interna abierta a dicho fiscal por supuestamente revelar información a una de las abogadas de Podemos, que ejerce la acusación popular en la causa sobre el expolicía, según consta en el expediente.
Asimismo, recuerdan que la imagen de independencia de García Ortiz se vio alterada hace unos años tras desvelarse que participó en un acto político del PSOE de Galicia, en diciembre de 2019, en concreto en una de las mesas de debate del denominado 'Laboratorio de Ideas' de los socialistas gallegos. En ese momento, el futuro fiscal general aclaró a varios medios de comunicación que, aunque no era necesario, solicitó autorización al entonces fiscal inspector para participar en dicho encuentro y que se le concedió.
Política de nombramientos
Con todo ello, las mismas fuentes fiscales subrayan que en poco tiempo se conocerá el perfil que tendrá García Ortiz, pues una vez que sea nombrado oficialmente como fiscal general del Estado tendrá que elegir, entre otros altos cargos, a su 'número dos'. Asimismo, a la vuelta de verano tiene pendiente convocar al nuevo Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General que tan solo se ha reunido una vez desde que fue renovado el pasado mes de mayo, para hacer importantes nombramientos como el del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, que ahora se encuentra dirigida por Alejandro Luzón.
"Ahí se verá si continúa con la política de nombramientos de Delgado" y con el "sectarismo", indican las fuentes, haciendo alusión a las controversias generadas por haber favorecido a los fiscales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que la hasta ahora fiscal general perteneció antes de pasar a la política y que se ha llevado, incluso, hasta el Tribunal Supremo. Se da la circunstancia de su sucesor fue presidente y portavoz de dicha asociación.
Así las cosas, las fuentes fiscales aseguran que tras la salida de Delgado "queda mucho por hacer". En este sentido, esperan que García Ortiz aproveche la "oportunidad para cambiar las cosas" y trabaje por recuperar "la apariencia de neutralidad e independencia de la institución que se ha visto afectada por la crisis reputacional que atraviesa", algo que alguno de los fiscales consultados ven "difícil" dado que el sustituto es la "mano derecha" de la anterior fiscal general. En este sentido, reclaman una "adecuada ampliación de la plantilla de fiscales de segunda categoría"; que no se fomente la creación de más plazas de fiscal de Sala; y que exija un presupuesto independiente del Ministerio de Justicia y autónomo para la Fiscalía, una de las reivindicaciones históricas de la carrera fiscal.
Fiscal de Sala de Memoria Democrática
Asimismo, consideran imprescindible impulsar un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que "brinde a la institución frente a las injerencias políticas, impidiendo las puertas giratorias y fortalezcan las funciones del Consejo Fiscal". De este modo, alguno de los fiscales hacen referencia a otras de las polémicas en las que se ha visto envuelta la Fiscalía General del Estado, como ha sido el intento del Gobierno de 'ascender' a Delgado como fiscal de Sala del Tribunal Supremo, a través de una enmienda a la nueva Ley Concursal. En este punto, señalan que, aunque esta iniciativa finalmente se retiró, la hasta ahora máxima responsable del Ministerio Público podría tener una oportunidad para ostentar la máxima categoría de la carrera con la creación de la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, que recoge el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.
Esta nueva figura fue objeto de debate en el Consejo Fiscal del pasado mes de abril en el que los vocales de la Asociación de Fiscales -la mayoritaria de la carrera fiscal- manifestaron su oposición. Finalmente, el informe favorable salió adelante por los votos de la UPF y el voto decisivo de Delgado, señalando que la creación de esta Fiscalía "supone una novedad y una oportunidad de mejora en la especialización de la carrera, abordando la inaplazable necesidad de proporcionar una respuesta eficaz a las graves conductas que integran las violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario".
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