La lentitud en las vacunaciones contra el coronavirus y los recelos de algunas comunidades autónomas sobre el suministro regular de las dosis que se deben recibir cada semana se ha convertido en un nuevo frente de confrontación con el Gobierno central, que ha dejado en manos de los responsables autonómicos cualquier responsabilidad que se derive de ello. El todavía ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguraba ayer que el compromiso es que toda la población española tenga acceso a la vacuna "de forma segura y viable" este año, si bien admitió que puede haber algún tipo de desajustes a causa de los problemas con la logística o la realización de los planes de vacunación que cada comunidad tiene en marcha.
Illa intentó salir al paso de las críticas que desde comunidades como Madrid o Cataluña habían lanzado por la lentitud en recibir los viales y aseguró que con la entrega realizada este mismo lunes en días se alcanzará "la velocidad de crucero" y se regularizarán las vacunaciones. Frente a ello, desde la oposición del PP, Vox y Ciudadanos se ha criticado con dureza la permanencia del ministro en su cargo al frente del ministerio una vez que ha sido anunciado como candidato del PSC a la Generalitat y se le han achacado los problemas y retrasos que ha habido en la distribución de las dosis de Pfizer en estas navidades, desde que el pasado 27 de diciembre se iniciara el reparto y la campaña de vacunación. La primera remesa de 350.000 viales salían un día más tarde de lo previsto de la planta belga. Fue un "problema en el proceso de carga y envío", explicó.
La guerra política contra Illa ha tenido además su reflejo interno en autonomías como Madrid y Andalucía, donde los partidos de la oposición socialista han aprovechado los fallos del sistema para cargar contra la gestión interna de la campaña que hacen los gobiernos de PP y Ciudadanos, apoyados por Vox. Mientras en el País Vasco ya se han puesto 6.000 de las 8.000 dosis recibidas y se considera que la situación está normalizada, otras comunidades, como Cataluña o Castilla y León advierten que van a poner en marcha una reserva estratégica de dosis para garantizar la segunda parte de la vacuna a sus habitantes, a la vista de que puede haber nuevas irregularidades en el reparto.
Según los datos manejados por Illa, se han recibido en España ya 718.525 dosis de la vacuna de Pfizer Biontech, de las que 82.834 han sido ya utilizadas. Este mismo lunes se han repartido más de 300.000 de todas ellas para que se continúe con la campaña de vacunación esta semana sin más dilaciones. El ministro saliente aseguró que se mantiene el objetivo inicial de que para el mes de junio próximo se hayan vacunado entre 15 y 20 millones de personas en España, de forma que hasta final de año todo el mundo haya tenido, cuando menos, la opción de hacerlo.
Ese tipo de anuncios son los que critican con dureza los partidos de la oposición, por entender que Illa esta aprovechando el protagonismo que le da la distribución de la vacuna para hacer campaña electoral ante las elecciones catalanas, sin tener que asumir la responsabilidad directa de los planes de vacunación, que recae en cada autonomía. A pesar de ello, el ministro admitió que puede haber más desajustes en la logística y dio por buenas las estrategias de algunas comunidades para reservar las dosis necesarias para la segunda vacuna que hay que administrar.
La crítica más notoria contra el Gobierno ha llegado desde la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se quejaba de que no se está vacunando de coronavirus "a la velocidad" que quisieran e insiste en pedir "estrategia" al Ejecutivo central. "La vacunación es un problema nacional. La estrategia es un problema nacional y quien tiene que dirigir esto es el Gobierno de España y el ministro a la fuga para que tengamos el mismo número de vacunas, transparencia y ayuda todas las comunidades", aseveró este lunes. Escoltada por el líder del partido, Pablo Casado, la líder de Madrid incidió en que no quieren más vacunas para la región que para el resto, pero denunció después que les llegan "muchísimas menos vacunas" de las que esperaban. Por el momento, Madrid solo ha suministrado el 6% de las dosis recibidas en esta primera semana de la campaña, lo que supondrían unas 3.000 personas.
Por parte de Ciudadanos ha sido su presidenta, Inés Arrimadas, quien ha pedido a Salvador Illa que dimita ya si quiere ser el candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat en las elecciones catalanas, argumentando que no puede ser ministro de Sanidad "a tiempo parcial" mientras afronta una tercera ola de contagios del coronavirus y aplica el plan de vacunación. Arrimadas también ha reprochado a Illa que un día antes de anunciar que se presentaría a los comicios lo negara, pese a que era algo que se estaba planeando desde hace meses: "La mentira o el oportunismo no pueden ser una buena carta de presentación".
Por ahora Illa ignora las críticas y reitera que seguirá al frente de Sanidad hasta que arranque la campaña del 14-F. Hasta ese día tiene por ahora claro que trabajará en "cuerpo y alma" en el departamento ministerial "todos los minutos". Así daba respuesta a la lluvia de quejas recibidas durante la presentación de las preocupantes cifras de la incidencia del coronavirus en España, con la vacunación a medio gas y la tercera ola de la pandemia arrancando. "No bajen la guardia durante las próximas semanas porque van a ser complicadas, ya que la pandemia sigue creciendo en España", apostillaba.
Sanidad notificaba ayer 30.579 nuevos casos, frente a los 10.217 registrados el pasado 31 de diciembre (último día en el que se publicaron datos), lo que eleva la cifra de contagiados por la Covid-19 en España desde el inicio de la pandemia a los casi dos millones: 1.958.844. En las últimas 24 horas se han diagnosticado 4.420 personas nuevos pacientes. Asimismo, la incidencia media actual de contagios en España en los últimos 14 días se ha reducido ligeramente, situándose en los 272,22 casos por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 279,51 notificado el pasado jueves. Pero el dato no es esperanzador por mucho que lo parezca porque tras varios días festivos puede haber retrasos en el recuento y se sigue por encima del umbral de riesgo máximo que siempre ha valorado el gobierno: los 250 casos por cada 100.000 habitantes.
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