Un equipo de cinco fiscales de élite liderado por el fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Tribuna Supremo, Juan Ignacio Campos, será el encargado de dilucidar las posibles implicaciones del rey Juan Carlos en un presunto delito fiscal, al que podría ir vinculado otro de blanqueo de capitales por el supuesto cobro de comisiones en el contrato millonario del AVE a La Meca. Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran que la decisión del monarca de salir de España se debe únicamente a su intención de facilitar las cosas a la Justicia y no implicar a su hijo en el proceso de investigación abierto.
Tal y como ha señalado su abogado, el exfiscal Anticorrupción Javier Sánchez-Junco, el Rey emérito estará disponible para que los fiscales encargados del caso puedan realizar su trabajo de la manera más fácil posible. Con esa premisa, las fuentes consultadas explican que la estrategia pasaría por colaborar en todo momento con la justicia española para regularizar el posible delito fiscal que se hubiera cometido por el cobro de 65 millones de euros en un banco suizo a nombre de una sociedad panameña, y su posterior trasvase a otra cuenta privada a modo de donación a Corinna Larsen.
Una de las claves de todo el proceso lo tendrá la fiscal de cooperación jurídica internacional que se ha incluido en el grupo de Campos, que será la encargada de gestionar con el fiscal suizo Yves Bertossa el trasvase de toda la información con la que cuenta (incluido el interrogatorio a la examiga del Rey Corinna Larsen) y que es la base sobre la que se sustenta el caso. La investigación en España la llevó durante un tiempo la Fiscalía Anticorrupción, dado que todo parte de las grabaciones de una conversación del comisario Villarejo con Corinna en Londres, donde ella le habla del cobro de comisiones del entonces Rey.
A la vista de que podía haber indicios de delito cometidos por el rey Juan Carlos, y ser este una persona aforada, Anticorrupción pasó el caso a la Fiscalía del Supremo, que es el único órgano judicial que puede juzgarle. La fiscal general del Estado (y exministra de Justicia) Dolores Delgado, asignó el caso a Juan Ignacio Campo, un fiscal de alto prestigio, que se ha encargado ya de muchos casos complicados como la Gürtel o el caso Noos, y que es de su entera confianza.
Una vez conformado el equipo, las fuentes jurídicas consultadas aseguran que la clave del caso estará en demostrar si hubo o no blanqueo de capitales en los movimientos de dinero que, supuestamente, se produjeron en esa cuenta de una sociedad vinculada al Rey. “Por lo pronto, el tema no está ni siquiera judicializado, solo hay abierta una investigación de la Fiscalía, que será la que determine si se debe llamar a declarar como investigado al Rey emérito”, advierten, por lo que todo dependerá de hasta donde puedan ver los hechos los fiscales adjudicados, algunos de ellos procedentes de Anticorrupción y expertos en esta materia.
Hay que tener en cuenta que, según una reforma legislativa del año 2012, la regularización de un supuesto delito fiscal, además de hacer de eximente del autor, elimina el posible delito de blanqueo de capitales que iría vinculado, con lo que el caso podría decaer y solventarse sin mayores problemas. Habría que tener en cuenta, además, que los hechos deben referirse a un tiempo posterior a 2014, que es cuando abdicó el Rey emérito, y no pueden tener más de diez años, si se trata de delito fiscal agravado, o de cinco, si es delito fiscal simple, porque de lo contrario habrían prescrito.
Respeto a la presunción de inocencia
Es por ello que todas las fuentes consultadas en la judicatura y la fiscalía advierten que es impensable una huida del monarca emérito o el traslado a un país en el que la extradición fuera un trámite complicado, toda vez que sería reconocer su culpa en toda esta trama y dejaría en muy mala situación al actual Rey. “Los fiscales del Supremo son muy capaces de levantar el velo de Suiza y obtener todos los datos sobre la cuenta y sus implicaciones”, advierten, con la previsión de que el tema se solucione lo antes posible.
Antes de llegar a este punto, hay voces críticas desde el ámbito fiscal que advierten que al Rey emérito hay que respetarle, por lo pronto, la presunción de inocencia, pues ni en Suiza no en España nadie la ha abierto un proceso todavía. Es más, hay quien critica con dureza el hecho de que haya sido Anticorrupción quien envíe el caso a la Fiscalía General y, de ahí, al Supremo, cuando se trata de una trama que sale de un proceso residenciado en la Audiencia Nacional, de forma que solo el juez del caso (Manuel García-Castellón) podría elevar el tema el Supremo, previa exposición razonada de motivos al respecto. "No hay que descartar que la Sala de lo Penal, con Marchena a la cabeza, devuelva el tema a la Audiencia, porque ya lo ha hecho así en casos similares", aseguran las fuentes judiciales consultadas y conocedoras de toda la trama.
Los más críticos del ámbito fiscal son críticos además con el papel que en todo este proceso ha jugado la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, dado que se trata de un tema que viene de la investigación del caso Villarejo, sobre el ella tuvo acceso a información privilegiada y estuvo implicada cuando fue ministra de Justicia, lo que le obligaría ahora a inhibirse de cualquier decisión al respecto que este relacionada con el caso.
