El Banco Santander sigue peleando para que los clientes del Popular -banco que adquirió por la cantidad simbólica de un euro en 2017- que no han terminado de pagar el préstamo concedido por la entidad extinta para participar en su ampliación de capital en 2016 sean excluidos de las 'listas' de morosos. Los servicios jurídicos de la entidad financiera presidida por Ana Botín han recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión que adoptó el juez instructor José Luis Calama de prohibir la inclusión en los "denominados ficheros de solvencia patrimonial" a aquellas sociedades que tengan cuotas impagadas en relación a la financiación que obtuvieron para adquirir acciones del banco resuelto mientras se resuelve judicialmente si se cometió alguna irregularidad en dicha operación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 aceptó el pasado 6 de abril la medida cautelar que solicitó la defensa de Calatrava Real State 2015, uno de los inversores del Popular, por la que ordenó a Santander a que “se abstenga de promover la inclusión en los denominados ficheros de solvencia patrimonial (ASNEF-EQUIFAX, EXPERIAN u otro similar) a dicha sociedad por el impago de las cuotas de amortización del préstamo concedido en su día por Banco Popular en la cuantía coincidente con su inversión en la ampliación de capital del año 2016”. Pero el magistrado no ciñó esta decisión solo al empresario Luis Cort, antiguo dueño de suelos en la zona madrileña de Valdebebas que presentó una querella en la Audiencia Nacional por el delito de estafa por los hechos que se investigan, sino que extiende la medida a "todos los perjudicados personados en la presente causa".
Los abogados del Banco Santander, que ya se pusieron en pie de guerra para evitar que se congele a los accionistas el pago de dichos préstamos, una pretensión que el magistrado instructor ha denegado por el momento, recurrieron ante el propio juez su decisión de sacar de forma cautelar de los registros de morosos a estos inversores, si bien tras recibir la negativa del instructor a cambiar de opinión, lo cual reflejó en un auto con fecha del pasado 26 de julio, han decidido poner el asunto encima de la mesa de los magistrados de una instancia superior.
El recurso de apelación presentado el pasado 30 de julio, al que ha tenido acceso La Información, asegura que esta medida cautelar no es algo que solo afecte al heredero del Popular, sino "a todo el sistema financiero español". Según indica el Santander, los ficheros de solvencia patrimonial permiten a los operadores económicos de crédito a tener conocimiento de que sus clientes o potenciales clientes han incumplido sus obligaciones de pago. Así las cosas, asegura que "las demás entidades corren el riesgo de conceder financiación a estos acreditados sin conocer que vienen incumpliendo sus obligaciones derivadas del préstamo o crédito suscrito en su día con Banco Popular".
Para profundizar en la "improcedencia" que supone no poder incorporar en dichos registros a las empresas que aún mantienen deudas, la entidad financiera recuerda que una de las cuestiones que está siendo investigada por el juez Calama no es la validez del préstamo o crédito concedido a los clientes que participaron en la ampliación de capital en 2016 por el valor de más de 2.000 millones de euros, ya que está práctica "ni está (ni estaba prohibida) por ninguna norma". Lo que se analiza es la "conducta posterior" del banco, esto es, si el importe financiado fue objeto de "deducción del capital regulatorio" o no, y si con su presunta "ocultación" se incurrió en la comisión de algún delito, subraya.
Lo que se investiga "es un hecho posterior"
En esta línea, el banco hace hincapié en que lo que se pone en tela de juicio en la causa que arrancó hace casi cuatro años es "un hecho posterior que no pudo haber afectado a ninguno de estos negocios jurídicos", por lo que tilda de "incorrecta" la resolución del juez Calama. Así, el Santander insiste en que fue "cada suscriptor" de manera unilateral el que tomó la decisión de destinar un préstamo o crédito a la suscripción de acciones del Banco Popular "por considerar que esta inversión apalancada podría generarle una elevada rentabilidad y asumiendo los riesgos de esta inversión".
Así, contesta directamente a la empresa Calatrava Real State 2015, cuyo dueño, Luis Cort Lagos, invirtió 1,5 millones de euros en la operación, que "ni el folleto de la ampliación de capital de 2016, ni los estados financieros de Banco Popular (cuya veracidad también viene siendo objeto de instrucción) determinaron la decisión de inversión". Una afirmación que el Santander sostiene al reproducir textualmente parte de la declaración que el propietario de dicha sociedad prestó como testigo el 12 de noviembre de 2020, en la que afirmó que accedió a suscribir dichas acciones por hacer un "favor" y "llevarse bien con el banco", ya que en ese momento estaba negociación la adquisición de unos solares y pensaba que así podría verse favorecido a la hora de acordar el precio de los terrenos.
Asimismo, recalca que Cort Lagos admitió ante el juez que su empresa contaba con liquidez suficiente para haber acudido por sus propios medios a la ampliación de capital, no siendo necesaria la financiación. Por tanto, su decisión, como la de otros inversores, de participar en esa operación "fue libre y voluntaria", asegura el Banco Popular, que a su vez solicita que el instructor acuerde lo relativo a la inclusión o no en los ficheros de solvencia patrimonial para cada caso concreto, tal y como informó la Fiscalía Anticorrupción en un escrito con fecha del pasado 16 de abril.
Un documento clave para la investigación
El juez Calama pidió el pasado mes de abril al Banco Santander tres ficheros con documentación para investigar si la entidad que compró en 2017 actuó "de forma deliberada" a la hora de no restar de su capital regulatorio la cantidad que financió para la ampliación de capitales. Una investigación que juez impulsó tras recibir un documento clave: el informe que Heraclio Peña, uno de los vicesecretarios del Consejo de Administración del Popular, remitió en octubre de 2017 a la CNMV sobre el hecho relevante que tuvo emitir el banco el 3 de abril de 2017. Según señaló el magistrado instructor en una de sus resoluciones, de este documento se deduce que "tanto el consejero delegado como los directores generales de Banca Minorista y de Negocio de Clientes lideraron dicha financiación, alentando a la red comercial -a través de los directores territoriales y regionales- para que ofertaran financiación a determinada clientela de Banco Popular a fin de participar en la referida ampliación de capital”. Asimismo, el magistrado advirtió de que en los registros contables del banco no se reflejaron el verdadero destino de la financiación.
Por este hecho concreto fue preguntado el expresidente de la entidad Emilio Saracho que en su comparecencia como investigado señaló que todo este asunto partió de una orden de Francisco Gómez, el que fuera 'número dos' del anterior presidente Ángel Ron (también investigado). Por su parte, Ron negó todas estas acusaciones y defendió la absoluta legalidad de la ampliación de capital.
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