El Senado da vía libre para que se castigue el acoso laboral y sexual en la Policía

Madrid.- El pleno del Senado ha aprobado hoy por unanimidad, al igual que lo hizo el Congreso, el proyecto de ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional, que actualiza el régimen sancionador del Cuerpo e incorpora figuras como el acoso sexual y laboral, que se consideran infracciones muy graves.

El Senado ha aprobado con 244 votos a favor el dictamen de la Comisión de Interior sobre este nuevo régimen, que revisa el de hace veinte años y que contiene, según ha subrayado el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, "una mejora sustancial" de las condiciones de trabajo de los policías desde el punto de vista de su seguridad jurídica.

No obstante, los senadores han rechazado las tres enmiendas del PP al proyecto, con las que se pretendía elevar a sanción muy grave el exceder los límites del mandamiento judicial en lo referente a la interceptación de las comunicaciones, así como divulgar el contenido de las mismas, según ha explicado el senador popular Luis Peral.

"No podemos aceptar estas enmiendas porque no es el momento, ni el lugar para llevar a una ley los problemas internos que se puedan tener; la enmienda dos y cuatro tienen nombre, nosotros lo sabemos y ustedes también; no tienen ni más ni nombre que el nombre que Gürtel", le ha recriminado la senadora del PSOE Carmen Granado.

En el dictamen aprobado hoy se incorpora como falta muy grave, además del acoso sexual y laboral, el incumplimiento del deber de fidelidad a la Constitución, el obstaculizar el ejercicio de libertades públicas y derechos sindicales, incumplir las normas sobre incompatibilidades y el abandono de servicio y la publicación o uso indebido de secretos oficiales.

Además, según ha expuesto Rubalcaba, se tipifica como infracción muy grave toda actuación que suponga discriminación por razón de origen, raza, religión, opinión u orientación sexual, o cualquier otra circunstancia personal o social.

Se incluyen también infracciones como el uso ilegitimo de los sistemas de vídeo o grabación; la sanción de traslado forzoso con cambio de residencia pasa a ser considerada como muy grave, y los jueces tendrán la obligación de informar a la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil de toda resolución que ponga fin a los procedimientos penales que se sigan contra los policías.

Rubalcaba ha valorado el consenso de los grupos para aprobar el dictamen, en el que se recogen también numerosas aportaciones de los sindicatos policiales.

"Creemos haber atendido a todos los intereses en juego, sin menoscabar los derechos de los policías, dando respuesta a los desafíos que tiene que afrontar", ha insistido el ministro, quien ha alabado a nuestra "excelente, eficaz y cercana" Policía, "respetuosa con los derechos constitucionales".

Los portavoces de los grupos parlamentarios han respaldado de forma unánime esta ley, que es, han dicho, "necesaria", se ajusta a la realidad de nuestro tiempo y supone un avance en el Estado de Derecho.