El Senado pide que se cuente con las CC.AA. para reformar el mapa judicial

Madrid, 25 abr.- El Senado ha instado hoy al Gobierno a que cuente con las comunidades autónomas al abordar la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial con la que se tratará de adecuar la distribución de juzgados y tribunales a las nuevas necesidades de la población española.

El pleno de la Cámara Alta ha aprobado hoy, por 172 votos a favor y 70 en contra, una moción presentada por el PP en la que se insta al Ejecutivo a llevar a cabo una "reforma integral" de la norma porque el concepto de partido judicial "ha quedado obsoleto".

El PSOE ha votado en contra de la iniciativa por considerarla "innecesaria", ya que existe una comisión institucional que estudia el tema, y el propio ministro de Justicia ha puesto fecha a la entrega del texto en octubre, ha señalado el senador socialista Francesc Antich.

La moción "lleva a la confusión", ha asegurado Antich, quien ha apelado a lograr un "gran consenso" antes de elaborar la ley, ya que las comunidades autónomas "tienen mucho que decir".

A su juicio, la reforma supone una reorganización que implica a diferentes instituciones y "no se puede basar en una unilateral redistribución de los juzgados".

Asimismo ha señalado que "no es creíble" que se pretenda abordar una reforma integral de la Justicia "bajando los presupuestos".

Por su parte, el senador popular Manuel Altava ha exigido al Gobierno "que se cuente con las comunidades autónomas" a la hora de reformar la ley porque son "las que mejor conocen su territorio, sus distancias y sus características comarcales".

"No tendría sentido aprobar la ley sin el acuerdo de las comunidades autónomas", ha destacado.

En defensa de la moción ha señalado que la sociedad actual es "más formada, más moderna y más técnica" que la del año 1988, cuando se aprobó la vigente Ley de Demarcación y Planta.

Al respecto, ha señalado que ese año había en España 2.500 unidades judiciales para 39 millones de habitantes, mientras en la actualidad existen 4.981 unidades judiciales para 46 millones de habitantes servidas por 5.186 jueces y magistradas.

Este modelo "ya no sirve", ha destacado Altava, quien ha pedido el consenso de todos los partidos para llevar a cabo la modificación

En el texto de la moción el PP señala que la modificación de la ley debe "corregir el desequilibrio territorial" de la población experimentado a favor de las zonas de la costa mediterránea y la consiguiente pérdida con población en el centro.

También recuerda el PP que existe un desigual reparto en la litigiosidad, así como la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos de los juzgados que no estaban contemplados en la ley de 1988 como los delitos de menores y los de violencia sobre la mujer.

Desde la Entesa Catalana, Jordi Guillot (ICV) ha señalado que si el PP quiere presentar mociones cuando "cuenta con la mayoría absoluta" intente "plantear novedades que den pie al debate, y no reiterar lo que ya se conoce".

CiU, que ha apoyado la propuesta, ha advertido de que la modificación "no debe ser una ley trampa" y de que su enunciado debe respetar el techo competencial de las autonomías, no solo para hacer aportaciones sino para decidir sobre la distribución y la implantación de los juzgados.