El Senado rechaza ampliar la pluralidad lingüística en España

Madrid, 24 abr.- El Pleno del Senado ha rechazado hoy, con los votos en contra del grupo popular, admitir una proposición de ley orgánica de la Entesa que pretendía reconocer y amparar la pluralidad lingüística de España.

El portavoz del PP, Pedro Agramunt, ha justificado el voto de su grupo, al entender que la iniciativa es innecesaria porque "muchos" de los supuestos que plantea ya están vigentes, y en lo "novedoso" supone una modificación de la Constitución y de "un montón" de leyes orgánicas, además de tener "un impacto económico muy alto".

Los portavoces del resto de los grupos han rechazado que el PP se niegue siquiera a debatir sobre esta cuestión y han considerado que la Administración central debe mejorar, en sus relaciones con los ciudadanos, en el uso de las lenguas cooficiales.

El portavoz de la Entesa, Carles Martí, ha explicado que la ley pretende facilitar el respeto a la protección de las diferentes lenguas, de acuerdo con las autonomías, para que todos asuman el carácter plurilingüístico de España.

Ha añadido que la proposición tiene una dimensión simbólica, por la fuerza de su rango, y práctico-concreta por la fuerza de su carácter legal.

A su juicio, "no tiene ningún sentido empecinarse en apostar por una España como un estado-nación" porque "es una idea nociva separadora y segregadora."

En referencia al Senado, ha apreciado que se pierde la oportunidad "de hacer un gesto como Cámara, plenamente legislativo y territorial".

Martí ha dicho que el 47 % de los españoles, más de 22 millones, habitan en territorios bilingües y que en nueve estatutos de autonomía se habla de otras lenguas distintas al castellano.

La propuesta establece que la Administración General del Estado, el Poder Judicial y las altas instituciones comunes del Estado, de acuerdo con las comunidades y el conjunto de los ciudadanos, asuman el carácter plurilingüe de España.

Entre otras cuestiones, prevé la creación de un Consejo de las lenguas de España, como foro de debate, impulso y evaluación del desarrollo de la ley, o garantizar en todas las lenguas cooficiales las acreditaciones y certificaciones, los toponímicos, los documentos o el BOE.

Agramunt ha rechazado que la propuesta pretenda extender el uso de las lenguas cooficiales a territorios donde no lo son, lo que contradice la Constitución, y ha asegurado que el Gobierno cumple "escrupulosamente" con lo previsto en la Carta Magna para las lenguas cooficiales.

Francesc Antich, del PSOE, ha considerado que la mejora en el uso de las lenguas distintas al castellano es una asignatura pendiente y que esa pluralidad da a España "una extraordinaria riqueza lingüística" y la conforma en su identidad.

En su opinión, la Administración central debe promocionar el plurilingüismo y considerar como propios los hechos diferenciales, como son las distintas lenguas, y adaptarse a ellas.

El portavoz de CiU, Joan Baptista Bagué, ha precisado que desde la transición y al margen de las previsiones de la Constitución, ningún Gobierno "ha creído conveniente" legislar sobre las lenguas, aunque algunos grupos parlamentarios hayan traído este asunto al Congreso o al Senado.

Rut Martínez, del grupo vasco, ha reclamado que se cumpla la Constitución, los estatutos, las sentencias del Tribunal Constitucional y los acuerdos internacionales suscritos para evitar la discriminación de los ciudadanos en el uso de las lenguas distintas al castellano, especialmente en sus relaciones con la Administración del Estado y las altas instituciones en las regiones periféricas.

La diputada del grupo mixto Ester Capella ha señalado que le parece más fácil conseguir la independencia en Cataluña que el reconocimiento por parte del Gobierno de un estado plurinacional y plurilingüístico.