Las víctimas de este problema

El sinvivir de tener un okupa en casa: "Mi padre no pudo morir en su hogar"

No cortar los suministros, judicializar el caso e iniciar un proceso civil son las recomendaciones de los abogados inmobiliarios cuando una persona se encuentra con una situación así en su vivienda. 

La coordinadora de Cs en Huelva y diputada provincial, María Ponce, en una visita a unas viviendas tras el desalojo de okupas. CIUDADANOS HUELVA 14/12/2020
El sinvivir de tener un okupa en casa: “Mi padre no pudo morir en su hogar”.
CIUDADANOS HUELVA

El padre de Silvia no pudo morir en paz. Fue su última voluntad: "¿Cuándo volveré?, era lo que me preguntaba sus últimos días", explica Silvia, dolorida. Falleció el pasado 14 de octubre por un cáncer terminal que le diagnosticaron en abril, mes en el que tuvo que ingresar en el hospital. Y justo esa fue la ocasión que aprovechó su nieto, el sobrino de Silvia, para quedarse con la vivienda, donde sigue viviendo a día de hoy con su pareja y su hija de apenas un año. El pago de los suministros corría a cuenta de su abuelo de 73 años, unos gastos que cuando falleció empezó a pagar Silvia: "Eran 300 euros de gastos, deben subarrendar habitaciones porque si no, no me lo explico. Los pagaba pero tuve que interrumpir el suministro porque con la hipoteca no podía afrontar ese gasto". Su abogado le advirtió que hacerlo podría acarrearle un delito por coacción.

Es algo que también aconsejan desde Garón abogados. Luis Enrique García, responsable del bufete y especialista en temas inmobiliarios, explica que cortar los suministros puede volverse en contra del propietario. "Les decimos que no hagan nada, pueden denunciarles por delito de coacción y además puede ser peligroso. No se sabe nunca qué está dispuesto a hacer el okupa para que no entres", especifica. Pero esas facturas, junto al proceso judicial, acarrean un desgaste y carca económica demasiado grandes. 

Por eso, Lourdes tampoco se lo pensó. Durante tres años tuvo su segunda vivienda en Badalona ocupada. "Di de baja enseguida la luz y el agua, necesitábamos vivir mi hijo y yo, no podía afrontar un cargo de 100 euros adicionales pagando además mi hipoteca y seguros", explica. Tras años de proceso civil y penal, el martes su abogado le devolvió las llaves de su piso: "No las quise coger. El abogado de la okupa habló con mi abogada y le entregó las llaves. Si me las hubiera dado a mí podría haberme denunciado después".

Al volver a abrir la puerta de su vivienda se encontró un espacio inhabitable. Se habían llevado las camas y algunos electrodomésticos, había humedades por todos lados y boquetes para pinchar la luz y el agua. Explica que si tuviera que pasar por lo mismo lo primero que haría sería no denunciar. Porque los procedimientos legales no han echado a la inquilina sino que ha sido a través de la presión ejercida sobre los Servicios Sociales. 

La vivienda de Lourdes
La vivienda de Lourdes, una vez que logró entrar de nuevo en ella.
Cedida

La larga espera dio fruto. "Se ha ido porque le han dado una vivienda social, una alternativa habitacional", puntualiza. La fecha de ‘lanzamiento’, como se llama al día del desalojo, la  tenía para junio, y se podría haber prorrogado. Afirma que está muy decepcionada con el sistema judicial, y que lo mejor hubiera sido intentar entrar en la vivienda por la fuerza. Una vía que desde Garón abogados rechazan: "Hay que evitar este tipo de prácticas y judicializar el caso. No puedes echar a la gente por la fuerza, es un delito".

En caso de ocupación, Luis Enrique García recomienda la vía civil. Porque las personas que ocupan suelen conocer el procedimiento de ambas vías, tanto penal como civil, y pueden recurrir presentando contratos de arrendamiento falsos. Por lo que se perdería más tiempo. El tiempo es, en esencia, de lo que se vale la ocupación para existir. Como detalla el experto: "En teoría debería ser un trámite ágil. Pero se acaba dilatando. El problema está en el volumen de trabajo de los juzgados. Tendrían que existir juzgados especializados en temas de arrendamientos, igual que los hay de temas bancarios".

La única forma de intervenir eficazmente es interceptar a los inquilinos 'in fraganti'. Se suele pensar que hay un margen de 48 horas para intervenir y echarles, pero lo cierto es que la ley no contempla en ningún momento ese tiempo. "El matiz es que haya indicios de que quieran quedarse a vivir cuando acaban de llegar, porque tienen que acreditarse", explica Luis Enrique García. 

Esto es lo que le sucedió a Gema hace un mes. Tiene una segunda residencia en Vic que quería alquilar, y justo cuando la inmobiliaria fue se encontró el cerrojo cambiado. Intentaron forzar la puerta y una mujer rusa con dos niños les abrió. Les contó que le habían vendido las llaves por 1.000 euros. Al llegar los Mossos explicó que llevaba veinte días en el piso pero, al no tener luz, tuvo que demostrar con velas que decía la verdad. Conocía el procedimiento. Pero las velas no estaban gastadas, quedó desacreditada y, finalmente, acordaron que se iba al día siguiente.

Es una excepción. La justicia avanza lenta y, mientras tanto, Silvia no puede ni ir a buscar las cartas del buzón de casa de su padre porque pueden acusarla de allanamiento de morada. Cartas que están certificadas a su nombre. Pero lo que más lamenta es el sinsentido de la situación: "Mi padre no pudo morir en su hogar". A Lourdes le ha costado tres años conseguir que le dejen entrar en su propiedad. Un inmueble que ya tenía vendido en contrato de arras y que ahora busca un nuevo comprador con un precio por debajo del de salida. Un problema que la ha "machacado psicológicamente" y por lo que quiere vender para pagar de una vez su hipoteca, y hacer frente a las deudas que le ha acarreado este dolor de cabeza. 

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