Las declaraciones y los documentos que han salido a la luz en el sumario de la pieza del caso Villarejo referida a su contratación por el BBVA entre 2004 y 2017 no aclaran en ningún momento si el comisario actuaba como policía o como empresario privado a la hora de prestar sus servicios, ni que pudiera compatibilizar ambas cosas. Mientras que el exjefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, asegura que le contrató porque estaba en excedencia del Cuerpo de Policía, el mismo Villarejo se refiere en algunos interrogatorios a cuestiones y trabajos que resolvió como policía y otros que hizo como empresario para muchas de las grandes empresas españolas.
Fuentes jurídicas cercanas al caso advierten que a la vista de esta gran duda y de que el delito de cohecho es el que fundamenta el caso, es necesario que el juez y los fiscales cuenten con un informe del Ministerio del Interior en el que se revise si Villarejo estaba (o no) en el escalafón de cargos que se publica cada año, dado que ese es el único documento seguro y legal que puede demostrar que actuaba como policía y que puede haber delito de cohecho, ya sea porque él ofrecía sus servicios a cambio de dinero (pasivo), o porque las empresas o personas implicadas se los demandaban (activo).
Hasta ahora, toda la instrucción del caso y, sobre todo, la que se centra en los trabajos que Villarejo hizo para algunas empresas del Ibex 35, se basan en que actuaba como funcionario policial, no como empresario. Pero las últimas declaraciones de los altos mandos de la Policía Nacional que han tenido relación directa con él desde que, supuestamente, dejara su excedencia en el año 1993, han asegurado que Villarejo tenía un estatus especial como asesor de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía, el máximo órgano responsable del Cuerpo, que le había sido concedido por el exministro socialista José Luis Corcuera hace más de dieciséis años. Pero no existe ningún documento que lo acredite, más allá de las declaraciones de estos policías y del propio Villarejo, por lo que algunas de las defensas de este caso demandan que se demuestre todo con el escalafón.
Según el artículo 21 de la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional, sus componentes, “cualquiera que sea su situación administrativa, deberán figurar en una relación escalafonal y circunstanciada, en la que se ordenarán por categorías y, dentro de cada una de ellas, por su antigüedad”. Existen informaciones periodísticas que aluden a la doble condición de funcionario y empresario de Villarejo, y declaraciones que lo encuadran en ambas partes, la pública y la privada, pero solo ese documento oficial de Interior podría demostrarlo y zanjar una cuestión que se ha convertido ahora en la clave del caso.
Los abogados de las principales empresas implicados en este proceso han advertido que, si a Villarejo se le podía contratar legalmente como empresario o abogado, como parece que se hacía a través de Cenyt o alguna de sus empresas, el delito de cohecho no tiene sentido y, al menos en el caso de estas entidades, la responsabilidad penal como persona jurídica que sobre ellas puede pesar decaería. La declaración del exDAO de la Policía Eugenio Pino de hace dos semanas ha abierto este camino, al admitir que al excomisario ahora encarcelado le llegó a contratar incluso el Estado en alguna ocasión como empresario privado. El juez del caso, Manuel García Castellón, llegó a admitir ante Eugenio Pino que esa posibilidad le pondría el sumario “patas arriba”.
Si se llega a demostrar esa opción, los responsables jurídicos de algunas de las entidades afectadas aseguran con toda rotundidad que sus clientes quedarían exonerados del delito de cohecho y su responsabilidad en esas contrataciones solo abarcaría a la revelación de secretos, con penas mucho menores, y la corrupción entre particulares, “algo que a los fiscales les va a ser muy difícil de demostrar en el caso de las empresas”, aseguran las fuentes consultadas.
Desde el lado de las empresas implicadas en este caso y dada la repercusión que todo ello tiene en su reputación corporativa, se advierte que la posible descalificación del delito de cohecho no implica que se rebajen las responsabilidades particulares que pesan sobre cada una de las 25 piezas abiertas en la macrocausa Tándem, pero si trastocaría de forma importante la acusación que recae sobre algunos inculpados o responsables personales de las compañías, dado que, en su caso, el cohecho es el delito más grave del proceso. En el caso del excomisario, cuestiones como la organización criminal o el blanqueo de capitales, entre otras, pesarán mucho todavía sobre su situación personal, actualmente en prisión preventiva (lleva más de dos años).
Es más, si se llegara a acreditar la doble condición de policía y empresario de Villarejo, fuentes jurídicas expertas en Derecho Penal aseguran que cabe incluir que pudo darse el delito de cohecho, pero el análisis pormenorizado de cada caso debería dilucidar cuando se contrató de una manera y cuando de otra, algo que diluiría en gran medida las responsabilidades de las sociedades y las personas físicas implicadas que hasta ahora se plantean.
El secretario de Estado y el ministro
La imputación del exsecretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, será una de las claves para aclarar si, con Jorge Fernández Díaz como ministro se llegó a contratar a Villarejo. El propio político ha asegurado a La Información que no descarta tener que declarar ante el juez, en principio como testigo, para aclarar lo ocurrido con el excomisario y con las actuaciones de la llamada “policía patriótica” que operó durante su mandato. Un de las claves jurídicas del caso puede estar en saber si el ministro o su secretario de Estado conocían la situación legal y profesional de Villarejo dentro del escalafón de la Policía. Y si aún conociéndola, la llegaron a contratar como empresario.
Aunque la Ley que regula el régimen laboral del Cuerpo sea del año 2015, mucho más tarde de la supuesta reincorporación de Villarejo de sus diez años de excedencia, hay que tener en cuenta además que estipula un severo régimen de incompatibilidades para los mandos policiales dependientes de Interior. Su artículo 15 establece que “en ningún caso se podrá autorizar la compatibilidad para desempeñar un segundo puesto de trabajo, cargo, profesión o actividad, pública o privada, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia, ser incompatible por razón del nivel del puesto de trabajo que se ocupe, suponer un deterioro para la imagen y el prestigio de la Policía Nacional o ser contrario a sus principios básicos de actuación”. Es más, las peticiones para tener una actividad privada las controla ahora el Ministerio de Hacienda.
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