El juez del caso del 'procès' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quiere que el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro rinda cuentas, por escrito, y que explique por qué ha negado hasta ahora que se haya utilizado dinero público para el referéndum independentista del día 1 de octubre de 2017 en Cataluña.
El objetivo del magistrado es mantener viva la imputación contra los cargos catalanes por malversación, que podría ser la única por que Alemania aceptara juzgar al ex president de la Generalitat Carles Puigdemont.
Muchos de los imputados en el proceso han negado que hayan cometido ese delito, el mismo argumento que Puigdemont mantendrá, incluso utilizando como coartada las palabras de Montoro para pedir al tribunal alemán encargado de la euroorden que tampoco acepte la entrega por malversación.
En una providencia, el magistrado explica su decisión en que varios procesados han declarado ante él que Montoro expresó "su certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017".
Ello contradice las fuentes de prueba del sumario, dice el juez, que ha procesado a varios de los implicados por el delito de malversación, consistente precisamente en la utilización de dinero público en fines ilegítimos, por ejemplo el citado referéndum.
El ministro de Hacienda, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario por el posible mal uso de fondos, negó en una entrevista publicada el lunes por el diario 'El Mundo' que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público.
Entre el martes y este miércoles han declarado ante el juez los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, todos ellos procesados por malversación además de por rebelión.
Llarena emplaza al ministro a que le remita el "soporte objetivo concreto" de sus declaraciones al citado diario en las que se han apoyado los comparecientes para afirmar que no existe tal malversación. Y recuerda que las fuentes de prueba acumuladas durante la instrucción contradicen esa conclusión. De hecho, según un informe de la Guardia Civil, la Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum.
El pasado 20 de marzo, Llarena encargó a la Guardia Civil "la aportación de los documentos y demás elementos objetivos" que dan soporte" a ese informe sobre "gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia". También declaró secreta esa parte de la causa durante un mes.
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