El Supremo prepara el juicio por los escándalos del Gobierno de Lula en 2005

Brasilia, 30 jul.- El Supremo Tribunal de Brasil ajusta desde hoy los detalles del que se considera el "mayor juicio de su historia", que sentará en el banquillo a los 38 acusados de las corruptelas que en 2005 pusieron en jaque al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

El proceso, conocido en la jerga judicial como "Acción Penal 470", comenzará el próximo jueves y entre los acusados están tres exministros y todos los miembros de la cúpula que tenía en la época el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), al que también pertenece la actual jefa de Estado, Dilma Rousseff.

En la lista de reos también figuran dirigentes de otros cuatro partidos políticos y varios empresarios, entre los cuales está el publicista Eduardo "Duda" Mendonca, director de la campaña que en 2002 llevó a Lula al poder por primera vez.

Según la acusación, formulada por la Procuraduría General, todos están implicados en una trama de corrupción usada para financiar la campaña de Lula y otros candidatos del PT a diversos cargos, así como para sobornar luego a decenas de legisladores y "comprar" así su apoyo a un Gobierno que había asumido sin mayoría en las cámaras.

El más relevante de los acusados es José Dirceu, durante décadas una de las figuras más importantes del PT junto con Lula y que con la llegada de éste al poder fue nombrado ministro de la Presidencia, un cargo desde que el manejó todos los hilos políticos del Gobierno.

Dirceu perdió el puesto por el escándalo y es señalado por la acusación como "jefe de la banda", que según cálculos de la Policía Federal movilizó cerca de 101 millones de reales (en la época unos 42 millones de dólares).

En el banquillo también estarán el expresidente del PT y actual asesor del Ministerio de Defensa José Genoino, y el extesorero de esa formación, Delubio Soares, quien ha negado los sobornos pero ha admitido que en la campaña del partido en 2002 hubo dinero que no fue declarado ante las autoridades electorales.

Asimismo, responderán ante el Supremo los exministros de Información Luiz Gushiken y de Transportes Anderson Adauto, actual alcalde de la ciudad de Uberaba y dirigente del antiguo Partido Liberal (PL), que por el impacto de los escándalos desapareció y se convirtió en Partido de la República (PR).

Otro acusado es el expresidente de la Cámara baja y actual diputado Joao Paulo Cunha, también del PT, partido que por ese caso se vio obligado a renovar a toda su dirección nacional.

Todo el asunto fue denunciado en junio del 2005 por otro acusado, el actual presidente del Partido Laborista Brasileño (PTB), Roberto Jefferson, en la época diputado y quien aseguró que el PT había pagado cuatro millones de reales (entonces 1,6 millones de dólares) por el apoyo de esa formación al Gobierno de Lula.

A pesar de la prominencia de los dirigentes del PT que figuran entre los 38 acusados, el actual presidente de esa formación, Rui Falcao, sostiene que "no serán procesados ni el partido, ni Lula ni su gestión", que concluyó, tras dos mandatos consecutivos, el 1 de enero de 2011 con índices de popularidad cercanos al 85 por ciento.

"El PT no está acusado, pero defenderá a sus afiliados", dijo Falcao, quien sostuvo que si hubiera alguna prueba sólo podría ser por no declarar recursos recibidos para campañas electorales, una "falta" de corte administrativo que "ya prescribió".

Sin embargo, en opinión del procurador general de la República, Roberto Gurgel, quien toma parte en el juicio como acusador, lo que ocurrió "fue el más atrevido y escandaloso esquema de corrupción y desvío de dinero público descubierto en Brasil".

Así lo afirmó en el documento que remitió al Supremo para pedir el inicio del proceso, que tiene 44.265 páginas repletas de lo que Gurgel considera "pruebas documentales".

El exprocurador general Antonio Fernandes, quien en 2005 inició las investigaciones, aseguró en una entrevista que publicó hoy el diario O Globo que, en su opinión, "hay elementos fundados" para condenar a todos los acusados.

Los cargos serán leídos en la primera sesión del próximo jueves, y van, según cada caso, desde corrupción activa y pasiva, lavado de dinero y malversación, hasta asociación ilícita y evasión de divisas.

El Supremo ha calculado que el juicio durará al menos un mes y que sólo estará en condiciones de dictar sentencia hacia mediados de septiembre.