Málaga, 28 dic.- El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho del juez Francisco Javier Urquía a reingresar al servicio activo, una vez que ha anulado unos acuerdos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "por no ser conformes a Derecho" y ha estimado los recursos contenciosos-administrativos interpuestos por el juez.
Urquía, que perdió su destino en el Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella tras ser condenado, sostuvo en un recurso ante el CGPJ que había cumplido su condena de 21 meses de suspensión que le impuso el Supremo por cohecho y que tenía derecho al reingreso.
En abril de 2009 el Consejo acordó que perdiera el destino que ocupaba al ser condenado por recibir para la compra de su vivienda 73.800 euros del exasesor urbanístico del Ayuntamiento marbellí Juan Antonio Roca a cambio de favorecerle judicialmente.
El Supremo, en la resolución a la que Efe ha tenido acceso, declara el derecho al reingreso "con los efectos económicos y administrativos correspondientes" y estima los recursos del juez contra el acuerdo del pleno del CGPJ del 25 de febrero de 2010 desestimatorio de un recurso de alzada.
En la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo del Supremo se recuerda que el juez reclamó su derecho al inmediato reingreso activo de la carrera judicial al haber cumplido la suspensión impuesta como pena por sentencia judicial.
El Supremo señala que es legal que un miembro de la carrera judicial esté en situación de servicio activo pese a contar con antecedentes penales no cancelados.
La Comisión Permanente del CGPJ denegó la petición de Urquía en junio de 2009 "al existir anotación vigente de antecedentes penales como consecuencia de la condena firme".
El Supremo había absuelto a De Urquía de un delito de prevaricación por el que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le condenó a una multa de 36.000 euros y confirmó que fue autor de un delito de cohecho.
En junio de 2010 este juez fue condenado por el TSJA a dos años de prisión por un delito de cohecho al pedir dinero a través de un amigo a uno de los imputados en la "Operación Hidalgo" para dictar posteriormente su auto de libertad provisional.
La sentencia, que para ser firme está pendiente de que el Supremo resuelva el recurso presentado por el juez, le condenó también al pago de una multa de 60.000 euros por ese delito y a 18 meses de multa a razón de cuota diaria de cien euros por un delito continuado de prevaricación referente al dictado de los autos de libertad provisional de tres imputados en la misma operación, que él instruía y en la que se investigaba un presunto delito de blanqueo de capitales a gran escala.
Además fue condenado a 17 años de inhabilitación especial para empleo o cargo de juez o magistrado, diez por el delito continuado de prevaricación y siete por el de cohecho.
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