El Tribunal Supremo ha ratificado este martes la decisión del Gobierno de poner al frente de la Fiscalía General del Estado a Dolores Delgado, cuestionada por PP y Vox. Este aval de la Sala de lo Contencioso-Administrativo refuerza a la máxima representante del Ministerio Público en su actuación como la jefa de todas las Fiscalías, con las que en algo más de año y medio ha tenido algún que otro encontronazo. Así ocurrió con Antidroga, después de que decidiera designar al fiscal del Alto Tribunal Javier Zaragoza como refuerzo en esta materia en el Campo de Gibraltar; o tras 'quitarle' la plaza en Anticorrupción a unos de los fiscales del caso 'Tándem' después de que se destapara la supuesta relación que éste habría mantenido con una abogada de Podemos, que ejerce la acusación popular en dicha macrocausa.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, con cinco votos a favor y dos en contra, ha inadmitido los recursos de PP y Vox al entender que no tienen legitimación activa para impugnar actos discrecionales del Ejecutivo. Se trataba de la primera cuestión que los magistrados tenían que abordar antes de entrar en el fondo del asunto, si bien al concluir que las formaciones políticas no pueden recurrir este tipo de decisiones, han eludido analizar si la fiscal general cumple los requisitos de idoneidad e imparcialidad imprescindibles para ocupar este cargo y que a juicio de los partidos de la oposición no reunía. Cabe recordar que la elección de Delgado para desempeñar el puesto más alto en el Ministerio Fiscal suscitó cierta polémica, ya que se dio justo después de haber sido cesada como ministra de Justicia.
Debido a esta previa etapa política, Delgado tiene la obligación de mantenerse al margen de cualquier caso que tenga alguna relación con partidos o que pueda tener alguna afectación directa. El mayor ejemplo de ello ha sido el 'procés' independentista, ya que fue la ministra que dio la instrucción a la Abogacía del Estado para cambiar su calificación jurídica. Por ello debe delegar estos asuntos en su número 'dos', el teniente fiscal Juan Ignacio Campos, quien además dirige las tres líneas de investigación por las presuntas irregularidades fiscales que habría cometido el Rey emérito Juan Carlos I y que se ven abocadas al archivo. El caso más reciente sobre este deber de abstención ha sido invocado por una de las acusaciones populares del 'caso Ghali' que investiga un juez de Zaragoza, y en el que se encuentra imputada la exministra de Exteriores Arancha González Laya, que ha solicitado a Delgado que deje "sin efecto las órdenes o instrucciones que haya podido impartir" al respecto, así como las que pueda dar en un futuro,.
Precisamente la causa en la que el principal protagonista es el comisario jubilado José Manuel Villarejo ha afectado a la imagen de Dolores Delgado. En septiembre de 2018, poco después de que dejara la Fiscalía de la Audiencia Nacional para convertirse en miembro del primer Ejecutivo de Pedro Sánchez, salían a la luz unos audios de una conversación de 2009 en el restaurante madrileño Rianxo que pusieron en la diana a la ahora fiscal general. Delgado acudió en compañía del entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón -su actual pareja sentimental- a ese encuentro en el que estaban presentes el agente encubierto y otros altos mandos policiales y en el que se habrían vertido comentarios que no fueron de agrado para sus compañeros de la carrera judicial y fiscal. La entonces titular de Justicia defendió en todo momento que dichas grabaciones estaban manipuladas.
Garzón defiende en el caso 'Tándem'
Se da la circunstancia de que el despacho de Garzón dirige la defensa de algunos imputados del también conocido como caso Villarejo, una cuestión que también ha provocado que se ponga en entredicho algunas de sus decisiones vinculadas a este procedimiento. Una de ellas fue cuando no respaldó, en el Consejo Fiscal celebrado a finales de octubre de 2020, la continuidad del fiscal Ignacio Stampa en Anticorrupción tras ser cuestionado por su presunta relación con una de las abogadas de Podemos en la pieza 'Dina', pese a ser uno de los fiscales, junto a Miguel Serrano, que impulsó la apertura de más de una treintena de piezas separadas para investigar los negocios 'oscuros' del comisario jubilado.
Delgado defendió unos días después, en un encuentro con la prensa, que su relación con el exjuez no afecta en modo alguno a su labor, ya que ella no actúa directamente como fiscal aunque sí despacha con los fiscales encargados del caso 'Tándem'. Anticorrupción está actuando contra la algunas de la compañías del Ibex 35 que contrataron al comisario jubilado, así como la excúpula de Interior que dirigía el ministro Jorge Fernández Díaz por dar alas a la 'operación Kitchen', el operativo policial urdido en 2013 para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas toda la información sensible para el partido para evitar que ésta llegara a la Audiencia Nacional que por entonces investigaba a la trama Gürtel y la presunta caja 'b' de los 'populares'.
Así las cosas, otras de las decisiones de Delgado que ha levantado polémica fue la designación del fiscal del Supremo Javier Zaragoza como refuerzo de la Fiscalía Antidroga en el Campo de Gibraltar por su dilatada experiencia en la lucha contra el narcotráfico. Esta elección llamó la atención a los miembros de la Carrera Fiscal, pues es conocida su 'mala' relación con este fiscal del 'procés' y a quien tampoco promocionó en octubre del año pasado como fiscal de Sala jefe de sección Penal en el Tribunal Supremo. No obstante, este no fue el motivo por el que el propio fiscal elegido presentó su renuncia a ocupar este puesto, sino la impugnación que presentó el jefe de este área, José Antonio Noreña, alegando que el nombramiento se hizo sin consultarle previamente y al entender que se generaba un solapamiento de las funciones. Este recurso fue rechazado por la propia fiscal general del Estado, si bien la Asociación de Fiscales (AF) -la mayoritaria en la carrera- lo llevó ante el Tribunal Supremo antes de que Zaragoza diera un paso atrás.
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