El Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de la Generalitat contra la Ley de Mejora de Calidad Educativa, Lomce, y ha anulado la obligación de escolarizar, cuando lo diga el Estado y en centros privados pagados por la Generalitat, a los alumnos sin enseñanza pública en castellano.
La sentencia considera por unanimidad que el sistema diseñado por la citada ley para garantizar la enseñanza en castellano sostenida con fondos públicos, y al que se conoció como becas Wert, no respeta el reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma, es decir, invade competencias de la Generalitat.
Los artículos anulados se refieren, en concreto, a la capacidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Alta Inspección de Educación, para decidir sobre la escolarización de esos alumnos en centros privados y a su financiación.
El Gobierno catalán señalaba en su recurso que la Lomce invade sus competencias y es contraria a la Constitución, al Estatut y a la propia doctrina del TC, además de que supone "una oposición frontal" al régimen lingüístico catalán, según el cual no se puede separar a los alumnos en función de la lengua, entre otras cuestiones.
La ley imponía que el Gobierno asumiera el coste de la escolarización privada en castellano de los alumnos que lo deseen cuando no se les garantice una oferta razonable sostenida con fondos públicos. Estos gastos se repercutirán después a la comunidad.
Es decir, la Generalitat debía pagar la enseñanza en castellano en centros privados a los alumnos que no dispusieran de ésta en centros públicos. Pero sería el Estado el que decidiera cuándo se debía hacer así.
La Lomce, conocida como Ley Wert, fue recurrida por cinco comunidades autónomas (los gobiernos andaluz, vasco, canario, asturiano y catalán), por el PSOE y por el Parlament catalán.
Y, así, el Alto Tribunal declara inconstitucional que el Gobierno pueda establecer, vía reglamento, las bases de la educación plurilingüe (impartir asignaturas no lingüísticas en lenguas extranjeras) desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta Bachillerato, previa consulta a las Comunidades Autónomas, pues la ley no especifica el criterio que da cobertura a esa competencia.
La lucidez del TC
Junts pel Catalunya ha valorado la sentencia al declarar que, pese a la "extrema politización de la judicatura", el TC haya actuado con "lucidez". En declaraciones a los periodistas en el Congreso, el portavoz parlamentario de ERC Joan Tardà también ha reaccionado a la noticia, de la que ha dicho que aquella medida "no se ajusta al sentir mayoritario de la ciudadanía catalana".
Por su parte, el portavoz del PDeCAT en la Cámara baja, Carles Campuzano, ha celebrado "el sentido común" del TC porque"la Lomce configuraba un sistema extraño ajeno al sistema educativo catalán", ha subrayado. "Con esta sentencia es muy evidente que el Gobierno tiene menos legitimidad para intentar romper la inmersión lingüística en Cataluña, que es un éxito", ha destacado Campuzano, quien ha defendido que el sistema catalán garantiza que todos los niños, al terminar la educación obligatoria, sepan las dos lenguas.
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