El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha convocado Pleno extraordinario para mañana sábado, a las 13.00 horas, con el fin de estudiar si se admite a trámite la impugnación por el Gobierno de la candidatura del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a la Presidencia autonómica.
Igualmente, deberán estudiar si aceptan la petición de los diputados electos de Junts per Catalunya, entre los que se incluye el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, para ser parte en el procedimiento.
Nulidad de candidatura
El Gobierno pide concretamente la nulidad de la candidatura a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña firmada por el presidente del Parlament y publicada en el Boletín Oficial del Parlamento autonómico.
El Ejecutivo ha mantenido su criterio de recurrir esa candidatura firmada por Roger Torrent el pasado día 22 y publicada el 23 de enero a pesar de contar con el criterio discrepante del Consejo de Estado, que no cree que sea el momento de acudir al Tribunal Constitucional.
Moncloa ve argumentos legales
El Consejo de Ministros ha autorizado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a recurrir ante el Tribunal Constitucional la candidatura de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la Generalitat, pese a que el Consejo de Estado no haya avalado que se impugne en este momento. Lo ha anunciado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en la que ha insistido en que existen los "argumentos legales suficientes" para seguir adelante con el recurso.
Sáenz de Santamaría ha incidido en que la obligación del Ejecutivo es defender España y el estado de derecho, así como garantizar su compromiso con la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña. Para ello, ha apuntado, empleará "todos los instrumentos que la ley y la Constitución" les brindan para ello. El objetivo es evitar que alguien que está huido de la Justicia sea investido president, máxime, ha puntualizado, cuando está en busca y captura en España por delitos como los de rebelión, sedición o malversación de caudales públicos, entre otros.
"Grave daño a las instituciones"
La vicepresidenta entiende que si la investidura de Carles Puigdemont sigue adelante "puede causar un daño grave a las instituciones españolas y a su democracia". Soraya Sáenz de Santamaría ha explicado, además, que Moncloa se puso en contacto previamente tanto con el PSOE como con Ciudadanos, que le manifestaron su apoyo y les animaron a seguir adelante.
Como es preceptivo en casos como éste, el Ejecutivo pidió un informe al Consejo de Estado para que dictaminase si un candidato que no está presente en la Cámara puede ser investido sin su presencia. También sobre la hipotética aceptación del voto delegado de los diputados que se encuentran fuera de territorio nacional. Dicho órgano ha respondido que, pese a que avala los argumentos jurídicos planteados, discrepa sobre el momento de llevar el recurso al TC.
Su informe no es vinculante, pese a ser obligatorio antes de acudir a los tribunales. Por ello, el Ejecutivo se ha mostrado firme en su decisión y no ha dudado en mantener su recurso ante el Constitucional, dado que dan por hecho que la propuesta del presidente del Parlament se realiza para intentar escurrirse de la ley con un recoveco legal.
Así, Sáenz de Santamaría ha insistido en que el Gobierno respeta el dictamen del Consejo de Estado, si bien, ha recordado que al no ser vinculante, seguirán adelante con sus planes. "El Gobierno ha cumplido el procedimiento y entendemos que con las leyes en la mano podemos cumplir nuestro compromiso", ha dicho.
La número dos del Gobierno ha querido poner énfasis en que su obligación es tomar una decisión en momentos que "no son fáciles" y que son novedosos por el momento inédito que atravesamos, con un expresident huido que pretende volver a ser elegido.
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