El Tribunal de Cuentas ha rechazado dar más días a los ex altos cargos de la Generalitat para abonar la fianza provisional de 5,4 millones de euros que presuntamente fueron desviados para sufragar la promoción del proceso independentista de Cataluña en el extranjero. Así, el órgano fiscalizador se reafirma en que el plazo para ingresar dicha caución, cuyo objetivo es hacer frente a una posible condena por estos hechos, concluye este miércoles y si no procederá al embargo de bienes.
La decisión ha sido adoptada por la delegada instructora al no aceptar la petición realizada por algunos de los 34 implicados en la investigación contable sobre el presunto uso irregular de fondos públicos para financiar las denominadas 'embajadas catalanas' y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, según ha adelantado La Vanguardia y han confirmado fuentes del Tribunal de Cuentas a La Información. Uno de los ex dirigentes catalanes que pidieron más tiempo para abonar la fianza fue el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont -huido de la Justicia española-, en cuyo recurso aludió a su inmunidad como europarlamentario para cuestionar la actuación del Tribunal de Cuentas dirigida contra él.
La instructora comunicó el pasado 29 de junio a los investigados el acta de liquidación provisional, documento en el que se estimó que la Generalitat de Cataluña se habría gastado 5.422.879,48 euros en difundir sus proyectos de ruptura con España entre el año 2011 y 2017 por todo el mundo. En este sentido, dio a los presuntos responsables contables, entre los que se encuentran también el expresidente catalán Artur Mas o el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras -uno de los líderes independentista que ha sido indultado por el Gobierno-, 15 días para abonar dicha cantidad, plazo que concluye en 48 horas.
La fianza impuesta a los 34 investigados es solidaria, es decir, entre todos ellos deberán asumir el total de 5,4 millones de euros, si bien el Tribunal de Cuentas ha determinado la cantidad máxima a la que cada uno de ellos deberá responder atendiendo al periodo temporal en el que han desempeñado sus cargos. De este modo, responsabiliza de las cantidades más altas al exsecretario del Diplocat Albert Royo (3,6 millones) y a la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal (3,1 millones), seguidos por el exconsejero de Presidencia Francesc Homs (2,95 millones); el expresidente catalán Artur Mas y el que fuera de Economía Andreu Mas-Collel (2,8 millones). En cuanto al que fuera responsable del departamento de Asuntos Exteriores Raül Romeva -otro de los beneficiarios de la medida de gracia concedida por el Ejecutivo-, el órgano fiscalizador le atribuye la responsabilidad de 2,1 millones de euros; mientras que a Puigdemont, le corresponden 1,98 millones de euros y a Junqueras, un total de 1,96 millones.
Creación de un fondo con 10 millones de euros
Con el objetivo de hacer frente a la fianza, la Generalitat ha aprobado un decreto ley para crear un Fondo Complementario de Riesgos, que se dotará de 10 millones de euros de fondos extraordinarios de varios departamentos. Este fondo será gestionado por el Instituto Catalán de Finanzas (ICF), a través del cual el Govern actuará como contraaval del aval que presentará una entidad financiera para cubrir la cantidad millonaria que reclama el Tribunal de Cuentas. La validez de que la Administración catalana, que además figura en el procedimiento como perjudicada, haga frente a los 5,4 millones de euros tendrá que ser valorada por la delegada instructora, recuerdan desde del órgano fiscalizador.
Una vez que haya concluido el plazo para cubrir la fianza impuesta, así como se hayan resuelto los diversos recursos presentados por los presuntos responsables contables, se dará traslado de las actuaciones a la Fiscalía, a las acusaciones ejercidas por Sociedad Civil Catalana y la Asociación de Abogados Catalanes, así como a la Generalitat de Cataluña, como parte perjudicada del uso de fondos públicos para promocionar el 'procés' en el exterior, para que formulen sus correspondientes demandas. Tras ello, el asunto se remitirá a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, para proceder a juzgar estos hechos junto a los gastos de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, que en enero de 2020 se estimaron en 4,1 millones de euros.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios