El Tribunal de Cuentas ha traslado a su Sección de Enjuiciamiento las diligencias de investigación que abrió en febrero pasado para esclarecer el gasto de 2,3 millones de euros que el Gobierno de José María Aznar aprobó el 26 de diciembre de 2003, al objeto de suscribir un contrato con la empresa norteamericana Piper Rudnick para gestionar la frustrada concesión al ex presidente de la Medalla de Oro del Congreso de EEUU.
En un auto hecho público hoy, el tribunal traslada las actuaciones a la Sección de Enjuiciamiento con el fin de que ésta proponga a la Comisión de Gobierno el nombramiento de un delegado instructor que dirija la investigación.
La apertura de una investigación, que fue acordada el pasado 3 de febrero por el Departamento Tercero de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, responde a la denuncia interpuesta por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y la Asociación Preeminencia del Derecho, que ya emprendieron anteriormente acciones por estos hechos tanto penales como contencioso-administrativas, si bien en ambos ámbitos las pesquisas fueron archivadas.
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