El Tribunal de Cuentas ha propuesto acabar ya con las subvenciones que cada año se dan a los partidos para financiar gastos de seguridad, unas ayudas que se crearon para compensar a las formaciones políticas por las inversiones que debían afrontar frente a la amenaza terrorista de ETA.
Hasta ahora, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda aconsejaba reducir estas ayudas, pero en su informe de los años 2014 y 2015, que acaba de remitirse al Congreso aboga directamente por "revisar la conveniencia de mantenerlas".
Se trata de subvenciones finalistas, que los partidos deben justificar aportando documentación sobre el gasto realizado, pero en los últimos años son frecuentes los casos en los que el Tribunal de Cuentas señala que esos justificantes no han llegado e insta a los partidos a devolverlas.
Pese a que ETA anunció el cese de su acción terrorista en 2011, el Estado ha seguido abonando estas subvenciones a los partidos políticos con representación en el Congreso. Por esta vía, el PP ha recibido en 2017 cerca de un millón de euros, el PSOE casi 635.000 euros, Podemos más de 350.000 euros y Ciudadanos otros 325.000 euros.
En su último examen de las cuentas de los partidos, el Tribunal ha detectado que en 2015 había "remanentes pendientes de aplicación al cierre de los ejercicios fiscalizados", es decir, que no se habían realizado esas inversiones que justifican la subvención. Por ello, se lo comunicará al Ministerio del Interior para que exija el reintegro de las ayudas públicas.
Ante esta situación, en sus recomendaciones apuesta directamente por acabar con estas subvenciones tal y como se concibieron: "Sería oportuno que, en el actual contexto social y político, se revisara la conveniencia material y económica de mantener en las condiciones actuales las subvenciones estatales para sufragar los gastos de seguridad de los partidos", concluye el Tribunal.
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