Madrid.- El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, ha subrayado hoy la necesidad de regular los gastos de transporte de los líderes políticos para acudir a actos electorales, una "laguna" que no concretan la ley electoral ni la de financiación de los partidos y que impide que estos costes sean fiscalizados.
Así lo ha asegurado Núñez antes de comparecer ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para dar cuenta, entre otras cuestiones, del informe de fiscalización de los partidos políticos con representación parlamentaria en las Cortes Generales o en los Parlamentos autonómicos correspondiente al ejercicio 2006.
Núñez ha asegurado que el Tribunal de Cuentas en su informe sobre las pasadas elecciones europeas hace una recomendación para que el uso durante las campañas y precampañas de cualquier medio de locomoción por parte de los líderes políticos sea definido como gasto electoral, de manera que pueda ser controlado y fiscalizado por el órgano que preside.
Una medida que afectará a los líderes políticos sean o no candidatos a las elecciones, si el objeto del desplazamiento es prestar apoyo a un partido o candidato en mítines, conferencias, ruedas de prensa u otro tipo de actos.
Desde su punto de vista, no cuenta tanto el número de casos que se hayan detectado como la necesidad de que se acabe con esa "laguna" en la legislación electoral y en la ley de financiación de partidos políticos, que "provoca zonas de impunidad".
La Comisión Constitucional del Congreso solicitó al Tribunal de Cuentas un informe con recomendaciones para modificar la Ley Electoral General y, según Núñez, ésta será una de las sugerencias que haga el organismo que preside.
El empleo de un avión Falcon de las Fuerzas Aéreas por parte del presidente Zapatero para acudir a actos del PSOE fue motivo de polémica en fechas previas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2009, hasta el punto de que el PP presentó denuncia en la Junta Electoral Central, que se declaró no competente para evaluar las razones de seguridad alegadas por el Gobierno para justificar su uso.
Núñez ha comparecido para dar cuenta del informe de fiscalización de los partidos relativo al ejercicio 2006, en el que se revela que las formaciones políticas recibieron ese año 193,1 millones de euros en ayudas públicas, de los cuales 184,5 fueron para partidos con representación parlamentaria, 6,2 millones para los representados únicamente en asambleas autonómicas y 2,4 millones para fuerzas restringidas al ámbito local.
De acuerdo con el informe, el PP obtuvo 64,8 millones de euros -25,5 de subvención estatal, un millón de gobiernos autonómicos, 5,5 millones aportados por las Cortes, otros 18 procedentes de parlamentos autonómicos y 14,7 de entidades locales-.
El PSOE, por su parte, ingresó 62,7 millones de euros -25 millones de subvención estatal, 1,2 concedidos por gobiernos autonómicos, 5,3 con origen en las Cortes Generales, 17 millones en las asambleas autonómicas y 14 en las corporaciones locales- y el PSC -que a efectos de contabilidad siempre presenta sus balances de forma separada del PSOE- consiguió ayudas por valor de 12 millones de euros.
A gran distancia de socialistas y "populares", el partido más beneficiado por las ayudas en 2006 fue Izquierda Unida, que se llevó 9,4 millones de euros, seguida muy de cerca por la federación de CiU, con 9,3 millones; después figura el PNV, con 6,7 millones de euros, y ERC, con 5,9 millones de euros.
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