Valencia, 28 jun.- El Tribunal de Cuentas ha admitido la demanda por responsabilidad contable presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia (Emshi) contra Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Enrique Crespo, máximos responsables de la extinta Emarsa, a quienes se les reclama 27 millones de euros.
En un decreto fechado el pasado 14 de junio al que ha tenido acceso EFE, se admite a trámite la citada demanda contra, respectivamente, el exgerente, el ex director financiero y el expresidente de la empresa encargada de la depuradora de Pinedo (Valencia), cuya gestión está siendo investigada también por la vía penal.
La demanda de "reintegro por alcance" presentada por la Emshi explica que, en su labor de liquidadora única de Emarsa, realizó actividades fiscalizadoras dirigidas a conocer "la verdadera situación de la entidad", lo cual permitió hallar numerosas anomalías que podrían ser supuestos de responsabilidad contable e incluso penal.
Se advierte al Tribunal de Cuentas de que hay abiertas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dedicado en exclusiva a investigar el supuesto desvío de fondos públicos por parte de los gestores de la depuradora, en una causa en la que se encuentran imputadas 32 personas.
Esta instrucción se desarrolla, según la citada denuncia presentada por la Emshi, "al objeto de esclarecer si hubo un concierto para obtener de forma continuada un beneficio ilícito a costa de los fondos que Emarsa disponía para ejercer su actividad".
Asimismo, expone que, pese a las dificultades encontradas a la hora de reconstruir la facturación de los últimos años, por encontrarse desaparecidos muchos justificantes de pagos, la contabilidad refleja "numerosas anomalías".
En el escrito de denuncia enumera las irregularidades detectadas en los contratos suscritos entre Emarsa y diversas mercantiles, la mayor parte de cuyos propietarios también se encuentran imputados en la causa.
Las cuantías más importantes son las que facturaron, siempre según el escrito de denuncia, cuatro empresas de Jorge Roca, actualmente en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden de búsqueda internacional.
Sus firmas, dedicadas al tratamiento de lodos, cobraron de Emarsa más de 19 millones de euros entre 2005 y 2010, pese a que hay evidencias de que en realidad no se realizaba ningún tratamiento de lodos o ése no se concluía, no se vertían de forma regular y no se efectuaban los pertinentes análisis.
Igualmente, se denuncian como ilícitos compras efectuadas en grandes almacenes o tiendas de lujo y viajes, muchas de ellas imputadas como gastos de representación, por considerar que no eran propios de una empresa sin actividad comercial.
El total de lo gastado "injustamente", concluye el escrito de denuncia, asciende a 27.689.129,90 euros.
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