El Tribunal de Cuentas responde a las críticas y defiende su "independencia"

El Tribunal de Cuentas ha salido al paso de las críticas que ha recibido en los últimos días desde diversos ámbitos políticos por su papel en la investigación del desvío de fondos desde la Generalitat para favorecer el procés con una nota en la que defiende su "plena independencia" de actuación.

En el comunicado remarca que se trata de un órgano constitucional previsto en el artículo 136 de la Carta Magna, que "goza de plena independencia en el ejercicio de sus funciones" y que está sometido "tan solo al ordenamiento jurídico", remarcando así una forma de actuar no sometida a presiones políticas.

Agrega que "ejerce con carácter supremo la función fiscalizadora del sector público", la cual tiene naturaleza "eminentemente técnica", y con arreglo a los procedimientos de auditoría, mediante informes que "no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos" y cuyo destinatario principal son las Cortes Generales.

Remarca igualmente que ejerce su función jurisdiccional -como ha sucedido con el caso de la treintena de ex altos cargos de la Generalitat investigados por emplear dinero público para promocionar el referéndum del 1-O- para "enjuiciar responsabilidades contables" y así "obtener la restitución de los fondos públicos ante usos indebidos de los mismos".

También hace hincapié el Tribunal de Cuentas en que sus consejeros son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos del Congreso y el Senado, los cuales "son independientes e inamovibles conforme a la Constitución". No olvida en su comunicado defender también a su personal, conformado, subraya, por "profesionales altamente cualificados" que han accedido al órgano fiscalizador por procedimientos de ingreso en la función pública.

"La misión del Tribunal de Cuentas es contribuir a promover la buena gestión y salvaguardar los fondos públicos desde el ejercicio profesional de sus funciones fiscalizadora y jurisdiccional", concluye su nota. El papel de este órgano ha sido cuestionado en las últimas semanas desde el independentismo catalán, al exigir 5,4 millones de euros a los antiguos cargos de la Generalitat por los fondos supuestamente desviados a través del Diplocat.

Ello mientras el Gobierno aprobaba los indultos para los líderes del procés y el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acordaba con el presidente catalán, Pere Aragonès, recuperar en septiembre la mesa de diálogo catalana y en julio la comisión bipartita. Por otro lado, la oposición encabezada por el PP ha acusado al Gobierno de "amenazar" a los consejeros del tribunal y ha recriminado que desde el Ejecutivo se diga que el procedimiento que mantiene abierto por los fondos de Diplocat puede poner "piedras en el camino" para el diálogo con Cataluña, como dijo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.