A las 10 y siete minutos del 26 de julio del año pasado comenzó una declaración histórica, la de Mariano Rajoy como testigo en el juicio de Gürtel. Durante su testimonio, el presidente del Gobierno se desvinculó totalmente de la gestión económica del partido, que, según dijo, estaba enteramente en manos del tesorero, Álvaro Lapuerta, y del gerente y luego también tesorero, Luis Bárcenas. También rechazó haber cobrado algún tipo de sobresueldo, como revelaban los papeles de este último. “Jamás, sería ilegal”, dijo en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares donde se celebró el juicio.
La sentencia de la pieza correspondiente a la Época I, conocida esta mañana, resta credibilidad a la versión del presidente del Gobierno porque admitir esos cobros le hubiera supuesto un fuerte “reproche social”. Lo hace al analizar las pruebas sobre la Caja B del partido y los pagos a directivos que se hicieron con ella, según la contabilidad paralela del extesorero. Para acreditar esos pagos, el tribunal, siguiendo el informe de la Fiscalía Anticorrupción, recuerda que varios de los dirigentes que aparecen en esos papeles reconocieron algunos cobros, como Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal y Luis Fraga.
El hecho de que Rajoy los negara -de la misma forma que lo hicieron los ex secretarios generales Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos, y el presidente del Senado, Pío García Escudero- y tratara de negar la credibilidad de los papeles de Bárcenas, según los magistrados tiene dos motivos claros. En primer lugar, reconocer esos cobros supondría reconocer la existencia de una contabilidad opaca en su partido. También significaría admitir pagos opacos a Hacienda.
Los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada hacen suya la argumentación del fiscal para analizar la credibilidad del testimonio del líder del Ejecutivo y del resto de dirigentes del PP.
“Debemos tomar en consideración a la hora de valorar estas testificales lo que significaría reconocer haber recibido esas cantidades” mantiene el tribunal. Admitirlo, continúa la sentencia, “significaría reconocer haber recibido estas cantidades, en cuanto que supondría la percepción de pagos opacos para la Hacienda Pública que, si bien no son delictivos, pudieran ser considerados como merecedores de reproche social”, mantiene la Sala.
A renglón seguido añaden que confesar como ciertos esos pagos en negro equivaldría a “admitir la existencia de una Caja B en el seno de una formación política a la que pertenecen o han pertenecido”. Por esa razón, el tribunal “pone en cuestión la credibilidad de estos testigos, cuyo testimonio no aparece como suficientemente verosímil para rebatir la contundente prueba existente sobre la Caja B del partido”.
Por último la resolución recuerda que algunos de esos dirigentes que declararon como testigos, como es el caso de Arenas o García Escudero, “vinieron indirectamente incluso a confirmar algunos de los apuntes de la Caja B”. En el caso del exministro y dirigente andaluz dio por cierto uno en que se reflejaba una cena con regalo que le organizaron. En el de García Escudero, el dinero recibido del partido para reconstruir su casa tras sufrir un atentado de ETA.
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