El presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Javier Vieira, cree que la justicia alemana "ha invadido competencias que no le corresponden" al decidir entregar a España al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont por malversación pero no por rebelión. Francisco Javier Vieira ha realizado estas manifestaciones al ser preguntado por los periodistas en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) antes de participar en la inauguración del curso de la Universidad Complutense sobre Justicia y Política.
En concreto ha sido preguntado si tras la decisión de la justicia alemana se podría reconsiderar la situación de los presos por la causa seguida en el Tribunal Supremo español por el proceso independentista catalán. "Es complicado, la instrucción la está llevando de forma impecable el instructor -Pablo Llarena- y creo que es una medida que tendrá que mantener probablemente", ha estimado Vieira.
Ha insistido en que "hay que confiar en la instrucción que está llevando" a cabo el juez Llarena y ha recordado que hay "decisiones de tribunales europeos muy cuestionadas". "Ya se ha puesto de manifiesto en muchas ocasiones que realmente la justicia alemana esta quizá invadiendo competencias que no le corresponden" en este asunto ha apostillado. En este sentido ha explicado que "la competencia para conocer cuáles son las pruebas que se pueden aportar en el procedimiento judicial para ver si concurre o no el delito de rebelión le corresponde al Tribunal Supremo".
Llarena descartó la extradición sólo por malversación
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rechazó la entrega a España del expresidente Carles Puigdemont solo por el delito de malversación, al retirar la euroorden que pesaba contra él, lo que abre la puerta a que el exidirigente catalán permanezca hasta 20 años fuera de nuestro país. Llarena responde así a la decisión de la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein que hace una semana resolvió a favor de la extradición de Puigdemont por un presunto delito de malversación de fondos, pero no por uno de rebelión, tal y como solicitaba el juez.
En un auto, el magistrado retira la orden europea de detención que pesa sobre el expresidente catalán, lo que significa que permanecerá en libertad, pero no podrá regresar a España ya que sería automáticamente arrestado -al estar vigente la orden de detención nacional- hasta pasados un mínimo de 20 años, que es lo que tarda en prescribir el delito de rebelión.
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