El ts plantea a la fiscalía la apertura de una investigación contra el juez andreu por el ‘caso emperador’

El Tribunal Supremo ha pedido a la Fiscalía que se pronuncie sobre la pertinencia de abrir una investigación penal contra el instructor del ‘caso Emperador’, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, a raíz de la querella presentada contra él por una presunta líder de la red mafiosa de Gao Ping.

La querella, a la que tuvo acceso Servimedia, acusa a Andreu de 20 delitos contra la libertad individual por haber prorrogado el periodo de detención de varios de los imputados del ‘caso Emperador’ más allá de las 72 horas legales. También va dirigida contra los dos fiscales Anticorrupción encargados del caso, Juan José Rosa y José Grinda, quienes apoyaron la prórroga de las detenciones de los presuntos cabecillas de la trama mafiosa.
El Supremo ha nombrado al presidente de su Sala de lo Penal, el magistrado Juan Saavedra, como ponente de la resolución en la que se deberá decidir si se admite o rechaza la querella, según informaron fuentes del Alto Tribunal.
La demanda fue interpuesta el pasado 17 de diciembre por la representación procesal de la imputada Xiaoshuang Zhu, una de las supuestas líderes de la trama para los que Andreu decretó la prórroga de la detención.
El caso sería competencia de la Sala de lo Penal del Supremo debido a la condición de aforado que Andreu ostenta como magistrado de la Audiencia Nacional.
PRÓRROGA DE LAS DETENCIONES
Los hechos por los que se acusa a Andreu y a los dos fiscales Anticorrupción tuvieron lugar el pasado 18 de octubre. Dos días antes, a las 6.00 horas del 16 de octubre, fueron detenidos cerca un centenar de personas en el marco de la 'Operación Emperador', con la que se desarticuló la trama presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping.
Ante el gran número de detenidos, el lento goteó de declaraciones y el vencimiento de las 72 horas legales de arresto, el juez Andreu se vio obligado el 18 de octubre, con el apoyo de los fiscales Roda y Grinda, a ampliar el periodo de detención para 20 de los arrestados, incluido Ping. El magistrado de la Audiencia Nacional decidió dejar a este grupo de detenidos para el final precisamente por ser los supuestos cabecillas de la trama y los que presuntamente están más implicados en el caso. No pudo tomarles declaración hasta el viernes 19 y el sábado 20 de octubre, tras lo que ordenó su ingreso en prisión preventiva.
Pero a finales del pasado mes de noviembre, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional –el superior jerárquico de Andreu - ordenó la puesta en libertad de los 20 supuestos cabecillas. La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Alfonso Guevara, ordenó la excarcelación al concluir que las prórrogas de las detenciones de los presuntos líderes de la red de Ping superaron el límite de 72 horas, no tenían "cobertura legal" y se basaron en una "interpretación errónea" de la legislación y de la doctrina del Tribunal Constitucional.
El delito contra la libertad individual que se atribuye a Andreu, Rosa y Grinda está penado con hasta ocho años de inhabilitación. El artículo 530 del Código Penal establece que comete este delito “la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los plazos o demás garantías constitucionales o legales”. La querella les acusa de 20 delitos contra la libertad individual por haber prorrogado de forma presuntamente ilegal el plazo de detención de 20 imputados.
“HUIDA HACIA DELANTE”
La querella no solo se centra en los dos días que los presuntos cabecillas de la trama pasaron en dependencias policiales más allá de las 72 horas. El escrito hace especial hincapié en el hecho de que el magistrado tardó unos días en hacer efectiva la orden de libertad decretada por la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.
“Se prolongó ilegalmente la prisión a 16 personas durante seis días – desde el 23 hasta el 29 de noviembre de 2012- después de conocer cuatro autos de la superioridad sobre los que se mostró por los querellados el más absoluto desprecio intelectual y jurídico”, asegura la querella.
El escrito presentando ante el Tribunal Supremo asegura que el juez y los fiscales “se concertaron para hacer uso de artimañas procesales que les permitiese paliar, o tratar de paliar, lo que a todas luces era irremediable, y además escandaloso ante la opinión pública”.
“En lugar de entonar el ‘mea culpa’, nos encontramos ante una especie de huida hacia delante, pero a costa de la libertad de esas personas a quienes se les ha conculcado sus derechos constitucionales”, añade la querella.
Para tratar de demostrar esta concertación, se pide al Supremo que intervenga los correos electrónicos que Andreu, Grinda y Rosa habrían intercambiado entre el 20 y el 29 de noviembre.
El escrito acusa además en este sentido a los fiscales Anticorrupción de haber articulado “un mecanismo inviable procesalmente”, en referencia a los incidentes de nulidad que interpusieron para paralizar las excarcelaciones, “para tratar evitar tener que acatar la resolución de la Sección Tercera e impedir la puesta en libertad de todas las demás personas que se encontraban en la misma situación”.
PUESTA EN LIBERTAD
El pasado 29 de noviembre el juez Andreu decretó la libertad de Ping y del resto de cabecillas, aunque estableció como medidas cautelares para conjurar el riesgo de fuga la obligación de los imputados de comparecer todos los días ante la Audiencia Nacional, la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. La querella también critica estas medidas al entender que no fueron suficientemente motivadas por el juez.
La querella subraya que Andreu , Rosa y Grinda cometieron presuntamente estos delitos a pesar de que “deben actuar siempre como garantes de la legalidad vigente” y asegura que violaron el artículo 17 de la Constitución Española, que proclama que “nadie puede ser privado de su libertad” si no es “en la forma prevista en la ley”.
Andreu, tras conocer la decisión de la Sección Tercera, dijo el pasado 22 de noviembre asumir su "responsabilidad" por el supuesto error en la prórroga de la detención de los arrestados en la operación. "Asumo todas las consecuencias pero sigo pensando que no me he equivocado", dijo el magistrado.