El TS rechaza revisar la condena a una etarra del atentado de Hipercor

Madrid, 18 abr.- El Tribunal Supremo ha rechazado revisar la liquidación de condena de la etarra Josefa Mercedes Ernaga, una de las responsables del atentado de Hipercor en 1987 en Barcelona, en aplicación de la doctrina que establece que el tiempo de prisión preventiva no debe descontarse del límite máximo de cumplimiento.

La sentencia de la Sala de lo Penal, de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Martínez Arrieta, confirma así la decisión de la Audiencia Nacional, recurrida por la etarra, que acordó el pasado 13 de septiembre abonar la prisión preventiva que Ernaga cumplió entre abril de 1988 y julio de 1991, "sin que en ningún caso afecte al límite de 30 años" fijado como máximo de permanencia en prisión.

Ernaga, que cumple más de 900 años de cárcel por diversos atentados cometidos por el "comando Barcelona" de ETA al que pertenecía, permaneció varios periodos en prisión preventiva al tiempo que cumplía condena en otra causa, por lo que pidió que se revisara el límite de cumplimiento al entender que sufrió un alargamiento "ilegítimo" de las penas.

No obstante, el Supremo rechaza este argumento y explica que, según la jurisprudencia aplicada por el alto tribunal, el límite de de 30 años no es una nueva pena de la que se puedan descontar los beneficios o redenciones, sino que el abono de la prisión preventiva debe realizarse sobre cada una de las penas a las que ha sido condenada.

Un criterio que -indica el TS- ha aplicado correctamente la Audiencia Nacional al resolver el abono de la preventiva en cada causa con la limitación del máximo de 30 años que, en el caso de Ernaga, no resulta alterado con el cómputo de la prisión preventiva de cada una de sus condenas.

Ernaga, junto a otros miembros del "comando Barcelona" de ETA, fue condenada en 1989 a 794 años de prisión por el atentado contra el centro comercial Hipercor de Barcelona, cometido el 18 de junio de 1987, en el que murieron 21 personas y resultaron heridas otras cuarenta.

Además, en 1991 la Audiencia Nacional le impuso otros 142 años de cárcel por un atentado perpetrado también en 1987 en el puerto de esa ciudad en el que falleció un guardia civil.